Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) hicieron algo que contradice el discurso de la lucha contra la corrupción que tanto promueven.
Hace unos días se dio a conocer que dos financistas de la campaña de Laura Fernández forman parte de la empresa brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A. a la que el Instituto Nacional de Seguros (INS) le compró 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos.
La compra de las ambulancias es por ¢6.500 millones y, al parecer, la escogencia de la empresa que las venderá se hizo a dedo luego de que la presidenta Laura Fernández ordenara hacer una adquisición de emergencia.
A raíz del montón de cuestionamientos que han surgido por el tema, la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), presentó una moción para investigar a fondo a la empresa brasileña, sin embargo, a la hora de votar para que la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos abriera una investigación oficial, los diputados oficialistas rechazaron la moción.
Aunque los legisladores del Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) apoyaron la iniciativa, la moción fue rechazada con los 29 votos en contra de los oficialistas que estaban en ese momento en el plenario. A favor se registraron 23 votos (todos de la oposición).
Los “premios” a los financistas
Según ha trascendido, el director de ventas de SGSV, Cristian Rodríguez, compró ¢43 millones en bonos de campaña del PPSO, y el fiscal de la empresa, Hermmoth Rothe, aportó otros ¢9 millones.
Claudia Dobles señala que desde que inició la administración Chaves Robles, esta empresa empezó a ganarse un montón de contratos con el Estado, sumando más de 8 mil millones de colones en menos de cinco años.
“No estamos ante un contrato aislado, sino ante un patrón que se repite en distintas instituciones... La Asamblea tiene el deber de preguntar y de determinar con claridad si hubo o no favorecimientos indebidos”, reclamó la legisladora.
“Esta es una empresa que empieza a tener éxito aquí en el país con adjudicaciones y contratos a partir del 2022 ya en la administración Chaves Robles. Es una empresa que a pesar de que no tiene experiencia en muchas de las contrataciones que se le han adjudicado, pues las ha ganado. Aparte ha ganado la mayoría de sus contratos, sus adjudicaciones, mediante procesos especiales”, agregó.
La responsabilidad de cuidar los fondos públicos
Dobles señaló que ellos como diputados tienen la responsabilidad de investigar este tipo de situaciones para proteger los fondos públicos.
“¿Esto por qué es importante? Porque son fondos públicos. No solamente nosotros tenemos que velar por la competencia y por garantizarle a Costa Rica la mejor contratación y esa mejor contratación normalmente se da con la libre competencia y también se da garantizándonos que la persona que se adjudique, sea con el mejor monto", señaló.
Los cuatro grandes “pecados” de los contratos
La moción que fue rechazada denunciaba que las adjudicaciones a esta empresa tienen cuatro cosas que urge investigar para esclarecer si hubo corrupción de por medio:
- Oferente único: En contrataciones gigantes como las 40 ambulancias de Bomberos y equipos para el ICE, SGSV fue el único invitado o el único que dejaron competir.
- Procedimientos de excepción: En Bomberos, el ICE y el AyA (donde también fue contratada) usaron “vías rápidas” y no concursos abiertos, que es lo que exige la ley de contratación.
- Sin experiencia: SGSV ha ganado contratos para ambulancias, fugas de agua y hasta tobilleras electrónicas, a pesar de que no demostró tener experiencia en esos temas (la experiencia la ponían sus socios extranjeros).
- ¡Cobrando más caro!: Según la moción, en el caso de las tobilleras y las ambulancias, el Estado terminó pagando o comprometiéndose a pagar millones de más frente a otras empresas que ofrecían lo mismo, pero más barato.
Aunque los diputados oficialistas lograron evitaron que se investigara el tema en la Asamblea Legislativa, las investigaciones de la empresa que iniciaron en la Fiscalía, la Contraloría y el TSE siguen abiertas.
Nogui Acosta dice que no hay claridad
Al consultarle a Nogui Acosta, jefe de fracción de PPSO por qué se negaron a investigar hechos tan serios, dijo que aún no es el momento.
“Me parece que es una situación prematura, deberíamos tener mucha más claridad de cuáles son las cosas que hay detrás de esta contratación y de cuáles son los involucrados. Consideramos que es mejor que esta desición se tome más adelante”, manifestó.
Las acciones contradicen el discurso
El politólogo Sergio Araya dice que este tipo de acciones del oficialismo contradice los mensajes de anticorrupción que acostumbran dar.
“Ciertamente no parece consecuente el no generar investigaciones cuando existen al menos indicios de que algo puede eventualmente ser irregular.
“Además es evidente que hay una sistemática línea de acción donde todo cuestionamiento que involucre al oficialismo, la fracción oficialista de la Asamblea Legislativa lo descarta... entonces sí parece que se está midiendo con un doble rasero, como se dice popularmente”, mencionó el politólogo.
El experto dice que para no verse mal ante la opinión pública, la justificación del oficialismo ante la negativa de investigar este tipo de temas es que son víctimas de persecución política.
