La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), se mostró muy indignada por las recientes revelaciones de que dos financistas de la campaña de Laura Fernández forman parte de una empresa brasileña a la que el Instituto Nacional de Seguros (INS) le compró 40 ambulancias para el Cuerpo de Bomberos.
La legisladora dijo que lo que había pasado era una “vulgaridad” y criticó fuertemente los hechos.
Una investigación del periódico La Nación reveló el caso que ya está siendo investigado por la Fiscalía y por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La compra de las ambulancias es por ¢6.500 millones y, al parecer, la escogencia de la empresa que las venderá se hizo a dedo luego de que la presidenta Laura Fernández ordenara hacer una adquisición de emergencia.
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Los “buenos amigos” de la campaña política
Los dos financistas de la campaña de Fernández que están metidos en la bronca son Cristian Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua, quienes están vinculados directamente con la firma brasileña SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas, parte del consorcio que Bomberos eligió como único oferente, pese a que nunca había vendido ambulancias a Costa Rica.
Según los registros del TSE, Cristian compró ¢43 millones en bonos de campaña de Laura Fernández y Hermmoth aportó otros ¢9 millones.
El asunto indigna más al revisar cómo se hizo el negocio. Bomberos hizo un pequeño “estudio de mercado” de apenas cinco páginas.
Aplicando ese procedimiento especial por el tema de la emergencia, dejaron por fuera a dos empresas locales que sí tenían experiencia vendiendo ambulancias y que cobraban hasta $2,3 millones menos que el consorcio brasileño.
Hermmoth Rothe reconoció a La Nación que compró los bonos de campaña porque le pareció “una buena inversión”, pero que “no recordaba” con quién del partido habló para comprarlos.
Diputados están indignados por el presunto caso de corrupción
Claudia Dobles fue una de las diputadas que levantaron la voz sobre el presunto caso de corrupción y fue tajante.
“Actos que son absolutamente descarados, que compañeros y compañeras, sobre todo el Partido Pueblo Soberano, rayan en la vulgaridad, en la absoluta vulgaridad, que es exactamente lo que está pasando con la empresa brasileña SGSV, a la cual a dedo, sin ningún tipo de competencia, a dedo se le adjudicó un contrato para equipo de emergencia para el cual no tienen experiencia de venta en Costa Rica y que la oferta que hizo es 2.3 millones de dólares más cara que sus otros competidores.
“Pero curiosamente a esa empresa se le ha adjudicado de todo. Le ha adjudicado en el MOPT, le han adjudicado en RACSA, no pudieron adjudicarle en el INS el marchamo digital, y eso le costó la cabeza a la expresidenta ejecutiva del INS. Pero curiosamente ahora sabemos que esa misma empresa tiene personas que financiaron la campaña de doña Laura Fernández. Eso es tan descarado que es vulgar”, aseguró Dobles.
José María Villalta, del Frente Amplio, también habló del tema sin pelos en la lengua.
“Hay que reconocer que Pueblo Soberano sí ha sofisticado el descaro con el que se hace. Ya hablábamos del ejemplo de las ambulancias, la compra de 6.500 millones de colones para 40 ambulancias del Cuerpo de Bomberos y la piñata que están haciendo el Instituto Nacional de Seguros. Este gobierno ha agarrado el INS como caja chica y no es casual que se opongan a fortalecer la supervisión del INS como una entidad sistémica porque de ahí están metiendo mano y se está llenando los bolsillos más de uno”, manifestó Villalta.
Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, también se pronunció sobre el tema y fue muy crítico.
“Este caso huele muy mal. Esta empresa brasileña por lo visto es una especie de Temu que le vende al Gobierno todo: tobilleras, ambulancias, marchamos digitales, es muy raro lo que está pasando y además, que las personas vinculadas a la empresa financian campañas políticas de Pueblo Soberano todavía lo hace más sospechoso”, dijo Ramírez.
La Fiscalía y el TSE los tienen bajo la lupa
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Fiscalía confirmaron que ya abrieron investigaciones sobre el tema para determinar si hubo algún delito o malos manejos en la gestión pública, en el proceso de compra de las ambulancias.
Este no es el único negocio en el que está metida la firma brasileña SGSV. Resulta que también le vende tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia, y Cristian Rodríguez también aparece como parte de un jugoso contrato de ¢576 millones para alquilar equipo al MOPT.
Al consultarle sobre el tema a Nogui Acosta, jefe de fracción del oficialismo, dijo a La Teja que el caso ya está siendo investigado por las instancias respectivas y que una vez que haya resultados de las pesquisas tomarán posición sobre el tema.
