Gonzalo Ramírez, diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, presentó tres proyectos de ley en materia de seguridad que generan muchas dudas.
Una de las iniciativas tiene que ver con el tema de los requisitos para portar armas de fuego y las penas para quienes son detenidos con este tipo de artefactos sin tener permiso.
Otro se enfoca en la creación de un Consejo de Seguridad, que se encargaría de coordinar la seguridad del país en los delicados temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado. El último aborda temas de la extradición de delincuentes y pretende agilizar el proceso cuando los criminales tienen cuentas pendientes con la justicia en Costa Rica para que salgan del país lo antes posible.
Para entender si los proyectos realmente aportan a la mejora de la seguridad del país y si son viables, consultamos al criminólogo Rogelio Ramírez para que nos desmenuzara cada propuesta. El experto hizo críticas muy duras e importantes.
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Extradiciones “exprés”: ¿Justicia o impunidad?
En cuanto al proyecto denominado “Ley de prioridad para la ejecución de la extradición”, este lo que busca es que si un país pide a un criminal que ya está preso o siendo juzgado aquí en Costa Rica, se le pueda mandar rápido a esa otra nación, pausando su proceso en Tiquicia. Suena bien para salir del problema, pero para el criminólogo, esto es un campo minado.
“Observo alcances polémicos: En vez de fortalecer las capacidades institucionales del Estado costarricense, se apresura, en detrimento de garantías constitucionales”, advierte Rogelio.
Además, señala un enorme riesgo de violación a una justicia pronta y cumplida para las víctimas de aquí. ¿Qué pasa si al suspender el proceso en Costa Rica se pierden las pruebas o las víctimas se quedan sin reparación?
El criminólogo también alerta sobre un posible mecanismo que podría favorecer la impunidad de casos graves cometidos en suelo tico, ya que la Sala Constitucional es sumamente celosa con el debido proceso en estos temas.
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Un Consejo de Seguridad que “recomienda” y opaca
Sobre la propuesta llamada “Ley Consejo de Seguridad Nacional”, la cual pretende crear una instancia superior para coordinar estrategias contra el crimen organizado y ciberamenazas, el experto dice que suena bastante bien, pero genera dudas.
Según él, este proyecto reduce la función del Consejo a emitir “meras recomendaciones” a la Presidencia. “¿Ese nuevo Consejo simplemente asesora?, ¿por qué se sustituye la emisión de políticas policiales por meras recomendaciones?”, cuestiona el criminólogo.
Pero lo más preocupante es el tema de la transparencia. Ramírez pide que se precisen con rigor los límites del secreto de Estado para que este consejo no se convierta en una estructura “opaca” en la que se esconda información.
“La centralización de información policial en la ‘Presidencia’, lejos de ser un avance, puede representar la sustitución de lo técnico por lo meramente político, con el riesgo que ello implica ante el sesgo y la corrupción”, señaló el experto.
Armas y sobrerregulación: Castigando al ciudadano, no al criminal
El otro proyecto es una reforma a la Ley de Armas y Explosivos. Esta iniciativa quiere, entre otras cosas, subir la edad mínima a 25 años para portar armas, pedir que se demuestre el origen del dinero con que se compró el arma y prohibir la portación a personas con “antecedentes policiales” o causas “elevadas a juicio”.
El criminólogo explica que prohibir armas por un simple antecedente policial o un juicio choca con la presunción de inocencia garantizada en la Constitución Política. Una elevación a juicio no significa una condena.
Además, Rogelio considera que esta “sobrerregulación” no va a bajar los delitos.
“Las armas de fuego utilizadas para cometer delitos provienen, en su gran mayoría, de un mercado negro”, recuerda.
Para el experto, ponerles más trabas a las personas honestas solo las deja indefensas ante la delincuencia.
“Castigando al portador legal, no se combate al criminal violento”, concluyó Ramírez.
¿Habrá oportunidad para mejorar los proyectos?
Otra de las dudas que nacen a partir de la presentación de los proyectos de ley es si los legisladores oficialistas permitirán que lleguen al Congreso expertos para analizar las iniciativas y hacer recomendaciones para mejorarlas.
Desde que inició la administración de Laura Fernández, los diputados de PPSO se han negado a recibir en audiencia a expertos para que analicen las propuestas de seguridad presentadas por el Gobierno.
Incluso, han rechazado las mociones que han presentado los legisladores de oposición, basadas en las recomendaciones de organismos como la DIS, para mejorar las propuestas del Gobierno.
Ante la consulta, el presidente de la comisión legislativa dijo que para sacar el trabajo más rápido, ellos (los oficialistas) prefieren que se manden consultas por escritoen lugar de llevar expertos a la comisión.
