Durante la comparecencia de la magistrada Patricia Solano ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, los diputados de oposición aprovecharon la oportunidad para cuestionar que así como se interpela a la funcionaria, no se convoque a rendir cuentas a una figura cercana al oficialismo: Boris Marchegiani.
Anteriormente, en esta comisión legislativa se presentó una moción para llamar a comparecer a Marchegiani, a quien se le cuestiona por una deuda vinculada a una sociedad suya con el Banco Nacional de Costa Rica, la cual superaría los $8 millones. Sin embargo, la iniciativa para convocarlo fue rechazada por los legisladores oficialistas.
“Tenemos aquí a la señora magistrada pero, a Boris no lo tenemos acá, y lo hemos pedido una y más veces”, mencionó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Norjelens Lobo.
Por su parte, Eder Hernández, también congresista de la bancada liberacionista, indicó: “Me parece una verdadera dicotomía que una persona que si le debe más de 8 millones de dólares al Banco Nacional, y que hoy nos represente como embajador de la Organización de las Naciones Unidas no sea investigado. Salvador Padilla, que hoy se encuentra aquí, presentó una moción (…) pero creo fue rechazada, ¡Que vergüenza!“.
Salvador Padilla, diputado que también conforma la comisión, señaló que al no investigar el caso crediticio de Marchegiani, el órgano legislativo actúa de manera selectiva. Según el legislador, actualmente se lleva a cabo una “operación embarre” estructurada para perjudicar la reelección de la magistrada de la Sala III, decisión que se definirá en el plenario esta misma semana.
El caso de Boris Marchegiani, que la oposición ha intentado investigar sin éxito, se debe a un millonario préstamo de fondos provenientes de la entidad bancaria estatal.
“En el caso de Boris vemos que es una persona cercana al poder, que ha donado a las campañas de Pueblo Soberano, nombrado en la embajada de las Naciones Unidas,” indicó el diputado Padilla.
La principal disconformidad de los legisladores radica en una diferencia de origen patrimonial: a la magistrada Solano se le cuestiona por fondos que provienen, según lo explicado bajo juramento en la comparecencia, de una asociación solidarista privada; mientras que la multimillonaria deuda del actual embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es directamente con una entidad financiera del Estado.
