Al comenzar la comparecencia a la cual fue convocada, la magistrada Patricia Solano hizo énfasis en que la investigación y la acción que realiza la Comisión de Control y Gasto Público son ilegales.
Ante esta aseveración, la magistrada indicó que el proceder de la comisión es fiscalizar fondos que sean correspondientes al gasto público; sin embargo, la solicitud del crédito de 120 millones de colones para la compra de una propiedad con un plazo de pago de 30 años, no lo es.
“La función de esta comisión esta claramente delimitada a la hacienda pública, los promoventes de esta moción han impulsado esta investigación que resulta abiertamente ilegal por no ser parte de sus funciones”.
La magistrada indicó que a sabiendas de esta situación, aun decidieron emprender esta investigación, la cual no procedería, ya que gira en torno a una asociación que se rige por el derecho privado.
“Deben tener claro que el crédito que adquirí con la asociación solidarista de servidores judiciales, es un ente privado conforme lo establece el artículo 4 de la ley de asociaciones solidaristas”.
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Solano indicó que los fondos de la Asociación Solidarista son privados, desde el momento en que ingresan a las arcas de dicha entidad, por lo cual no es procedente que la comisión quiera cuestionarle el crédito.
