EscucharEste jueves el ambiente estuvo bastante movido en la Fiscalía General de la República por la llegada de la exdiputada oficialista Pilar Cisneros.
Cisneros llegó a rendir su declaración indagatoria por una investigación que se tiene en su contra.
Esta es la primera vez en que la exdiputada aparece ante las cámaras desde que fue sometida a una seria cirugía en un tobillo.
La operación se la hicieron hace varias semanas y desde entonces ha guardado reposo. Ni siquiera se ha visto en las conferencias de prensa de Casa Presidencial, ya que camina con dificultad.
Este jueves llegó a las oficinas del Ministerio Público con una bota ortopédica y con andadera.
¿Por qué la mandaron a llamar?
La exlegisladora figura como imputada en una causa penal muy sonada. Las autoridades investigan una presunta estructura paralela de financiamiento durante la campaña electoral del 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves.
Ella ya había ido a la Fiscalía el pasado 4 de setiembre, acompañada de su abogado, José Francisco Madrigal.
Ese día, la visita fue de apenas 40 minutos. Solo le tomaron sus datos personales y su defensa aprovechó para llevarse una copia del expediente judicial. Necesitaban estudiarlo bien antes de hablar en la indagatoria.
Las famosas “estructuras paralelas”
Pero, ¿qué es exactamente lo que busca aclarar el Ministerio Público? Se investiga si se recogió plata y se pagaron gastos de campaña al margen de la ley.
Es decir, buscan comprobar si esos dineros se movieron sin el debido control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la propia tesorería del partido político.
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Las autoridades tienen el ojo puesto en dos vías. Una de ellas habría funcionado mediante el conocido fideicomiso Costa Rica Próspera.
La otra estructura supuestamente se manejó a través de las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, una muchacha que coordinó parte de la agenda de Rodrigo Chaves en el año 2021.
Siete personas en la mira de la justicia
Este caso viene caminando desde junio del 2025, cuando el fiscal general, Carlo Díaz, presentó una acusación formal contra siete personas por estos presuntos delitos.
Entre los imputados que ya no tienen inmunidad (o sea, que pueden ser juzgados como cualquier ciudadano), además de Cisneros, están los exdiputados Waldo Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera, junto con el excanciller Arnoldo André.
Los otros dos involucrados son el actual diputado Stephan Brunner y Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, quienes sí mantienen su escudo de inmunidad.
