EscucharLos magistrados están indignados con el recorte en el presupuesto que le quiere hacer el Poder Ejecutivo al Poder Judicial y tomaron la decisión de autorizar a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que haga todo lo legalmente posible para frenar ese golpe en sus finanzas.
El Ministerio de Hacienda pretende pasar la tijera mediante un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa, quitando ¢23.722 millones para lo que resta de este 2026.
El OIJ se llevaría la peor parte del recorte
De toda esa millonada que el Gobierno busca recortar de los fondos que ya estaban aprobados para la operación de este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sería, por mucho, el más golpeado.
A los investigadores les quitarían ¢9.536,3 millones, una plata que es vital para cubrir los gastos diarios necesarios para continuar la lucha contra la delincuencia.
LEA MÁS: Esta es la fecha exacta en que la CCSS depositará la plata de la pensión del IVM de agosto
“¿A quién combatimos? ¿Al Poder Judicial o a la criminalidad?”
La magistrada Patricia Solano, de la Sala de Casación Penal, no se guardó el enojo y soltó unas declaraciones fuertes sobre el tema.
Ella recordó que solo el megaoperativo para atrapar al temido “Diablo” costó unos 50 millones de colones. “¿Cuántos operativos exitosos podemos hacer (...) si tuviéramos todos los recursos?”, se cuestionó la experta.
Solano fue más allá y le mandó un mensaje directo a la presidenta Laura Fernández.
“¿Cuál es la preocupación que tiene con la seguridad ciudadana? Si le elimina los recursos al Ministerio Público, si le quita los recursos al OIJ para que no investiguen...”.
Con mucha indignación, la magistrada aseguró que parecía que los castigaban por hacer bien su trabajo: “Entre más exitosos, nos quitan recursos (...) ¿A quién combatimos? ¿Al Poder Judicial o a la criminalidad?”, sentenció.
LEA MÁS: Encuentre casas y lotes por menos de ¢4 millones: Mucap abre ventas y acepta ofertas
Un daño que podría arrastrarse por años
Por su parte, el magistrado Jorge Leiva, de la Sala Primera, explicó que esta movida de Hacienda los dejaría contra las cuerdas de cualquier manera, se apruebe o no en el Congreso.
Se advierte que, si el tijeretazo pasa, la carencia de recursos afectará terriblemente el funcionamiento de la justicia y de la seguridad.
Ahora bien, si los diputados lo rechazan y les liberan los fondos hasta noviembre o diciembre, el problema es que ya no tendrán tiempo para ejecutar esos fondos y las compras quedarán sin realizarse.
Esto provocaría un efecto dominó muy peligroso, ya que al no poder gastar esa plata a tiempo, les generaría un “castigo” que terminaría recortando los presupuestos de los años 2027 y 2028.
Para evitar adelantar criterio, los magistrados de la Sala Constitucional (Sala IV) prefirieron abstenerse de votar, ya que es muy probable que este pleito termine en sus manos.
