EscucharEl diputado liberacionista Danny Vargas, en conjunto con otros legisladores, presentó un proyecto de ley que pretende reconocer y regular el derecho de las personas con enfermedades terminales a optar por una muerte digna.
La iniciativa surge como respuesta al llamado de pacientes que enfrentan enfermedades irreversibles y que atraviesan largos procesos de sufrimiento físico y emocional, cuyo inevitable desenlace es la muerte.
El proyecto plantea establecer un marco jurídico que permita, bajo condiciones estrictas y con controles médicos y éticos, que estas personas puedan tomar decisiones sobre el final de su vida con dignidad.
La propuesta toma como referencia iniciativas legislativas presentadas anteriormente en el país, así como experiencias recientes en otras naciones, entre ellas Uruguay, donde se han aprobado normas para regular este tipo de procedimientos.
Respeto a la voluntad de los pacientes
El proyecto parte del principio de que el derecho a la vida debe armonizarse con el respeto a la dignidad humana, la libertad individual y la autodeterminación de las personas.
En ese sentido, reconoce que quienes enfrentan enfermedades terminales tienen derecho a decidir sobre los tratamientos médicos que reciben, incluyendo la posibilidad de suspender procedimientos que prolonguen de manera artificial el sufrimiento.
Asimismo, la iniciativa establece la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud, el Colegio de Médicos, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Defensoría de los Habitantes. Este órgano tendría la función de supervisar los procedimientos realizados bajo esta normativa y garantizar que se cumplan todos los requisitos legales y médicos.
El plan también propone que no sean punibles los actos realizados por médicos tratantes cuando, por motivos de piedad y conforme a lo establecido en la ley, se atiendan las decisiones de pacientes en condición terminal.
Con esta propuesta se busca abrir un debate responsable en el país sobre el derecho a una muerte digna, desde una perspectiva de derechos humanos, salud pública y respeto a la dignidad de las personas.
