EscucharLamentablemente, en los últimos años se han visto casos de políticos denunciados por acoso o abuso sexual que, escondidos en su inmunidad, logran entrabar los procesos penales que muchas veces no llegan a nada.
A diferencia de los ciudadanos comunes y corrientes, los diputados tienen un fuero que los protege de enfrentar procesos judiciales durante sus labores en la función pública.
A raíz de eso, legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron un proyecto de ley para hacer un cambio histórico.
Un freno total a la impunidad
El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, explicó que la iniciativa promete marcar un antes y un después.
Ellos presentaron una reforma parcial a la Constitución Política. El objetivo es excluir de la famosa inmunidad a todos aquellos jerarcas de los supremos poderes que sean acusados de delitos sexuales.
Los legisladores dicen que Costa Rica no puede seguir permitiendo que una investidura o una curul se convierta en una barrera entre una víctima y la justicia.
Para Ramírez, la inmunidad se inventó para proteger la independencia de los funcionarios frente a persecuciones políticas, jamás para tapar actos repudiables.
“Una agresión sexual no es una decisión política. Un caso de acoso no es parte del trabajo de una diputación, un ministerio o la Presidencia”, detalla el documento oficial del partido.
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Un mensaje de justicia para miles de mujeres
La diputada liberacionista Yanis Sandí también alzó la voz. Ella tocó una fibra muy sensible, pensando en todas esas personas que han sufrido estos atropellos en silencio.
Doña Yanis fue clara: no se puede enviar el mensaje incorrecto de impunidad a miles de mujeres que han sido víctimas de acoso u hostigamiento sexual, ya sea en su casa o en su trabajo.
La legisladora aseguró que no se vale que uno de estos casos en el primer poder de la República termine casi con una simple “amonestación verbal”. Los casos deben ir directamente al Poder Judicial.
Justicia sin filtros políticos
Con esta nueva reforma, si hay una acusación formal, ya no será necesaria una autorización previa de la Asamblea Legislativa para que la investigación avance.
El documento del PLN aclara que la persona denunciada conservará todos sus derechos de defensa, pero “ninguna víctima tendrá que esperar una votación política para ser escuchada por la justicia”.
Además, destaca que no existen cargos más importantes que la dignidad humana. Defender a las víctimas no es condenar sin pruebas, sino garantizar investigaciones sin filtros políticos ni atrasos injustificados.
A la caza de los 38 votos
Para que esta reforma sea una realidad y para que cambien las reglas del juego, se necesitan 38 votos en el plenario.
Al preguntarle a Ramírez si ya habían hablado con otras fracciones para buscar apoyo, incluyendo al oficialismo, confirmó que ya están en ese proceso de diálogo y negociación.
El jefe de bancada tiene la esperanza de que todos cumplan su compromiso ético.
El mensaje es claro: el uso del poder político para tapar abusos es inaceptable en todos los supremos poderes de la República.
