El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no se quedó callado tras las fuertes acusaciones que lanzó el presidente, Rodrigo Chaves, en contra de la institución, durante un acto oficial realizado en el Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo, en Ciudad Quesada.
A modo de contexto, el mandatario tuvo la ligereza de acusar al TSE de incurrir en “corrupción procesal” e, incluso, lo comparó con un cáncer, asegurando que el amparo electoral que tramita el TSE en su contra, es una “podredumbre”.
“Ese es un acto de corrupción procesal, nada menos que del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué podemos esperar, si ya se está viendo la podredumbre que se metió al Poder Judicial, a la Fiscalía y a algunas curules? (…) El cáncer hizo metástasis, hizo metástasis a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía y ahora hasta el Tribunal Supremo de Elecciones", dijo el mandatario.
Ante esto, el Tribunal no se quedó callado y le recordó un par de verdades.
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Lo primero, es que ellos están en toda la potestad de investigarlo, le guste o no.
Ellos aclararon que, a través de la Sección Especializada (que la conforman tres magistrados), tiene el poder de tramitar como un recurso de amparo electoral, cualquier denuncia que esté relacionada con un posible acto ilícito, amenaza o violación de derechos fundamentales políticos electorales.
Segundo, le aclararon que la decisión de si se acepta un recurso o no, recae en la Sección Especializada y no en un magistrado en específico.
Esto viene, luego de que el mandatario atacara en diversas ocasiones a la magistrada, Zetty Bou, a quien la acusa, sin pruebas, de haber eliminado partes de la denuncia presentada en su contra por Claudio Alpízar, para poder tramitarla como un amparo electoral.
“Si de verdad me oyeran decir lo que pienso me mandan a fusilar, Zetty Bou. Ese es un acto de corrupción procesal, nada menos que del Tribunal Supremo de Elecciones”, dijo.
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Hay que recordar que, desde inicios del mes de abril, el TSE admitió un recurso de amparo presentado por el politólogo, Claudio Alpízar, presentado desde el 25 de marzo pasado.
La denuncia es por el supuesto delito de beligerancia política ya que, a ojos de Alpízar, los discursos del presidente podrían afectar la igualdad entre los partidos políticos durante una elección y que tal vez no está siendo imparcial como debería.
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