EscucharEl pulso por la plata de la seguridad del país sigue generando polémica. Después del fuerte mensaje que mandó la presidenta Laura Fernández el domingo en la cadena nacional, en el Poder Judicial no se quedaron callados.
El mismo presidente de la Corte Suprema, don Orlando Aguirre, salió a dar la cara y le respondió al Poder Ejecutivo con guante blanco, pero de forma muy firme.
Él quiere que toda la gente entienda bien qué es lo que de verdad está pasando con el presupuesto y por qué este pleito puede afectar directamente a todos.
“Siempre hemos rendido cuentas”
Para empezar, Aguirre dejó claro que a ellos no les asusta que les revisen los números. Él defiende que el Poder Judicial siempre ha sido transparente con el dinero de todos.
“Estamos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a los controles y auditorías”, explicó el jerarca con mucha seguridad.
Además, recordó que la ejecución de sus gastos supera siempre el 95% y cumple al pie de la letra con las normas fiscales y de empleo público.
El verdadero problema: le ponen cadenas a la plata
Según Aguirre, las nuevas directrices de Fernández afectan bastante y no es un tema de cuánto dinero les dan, sino que les están inventando, de manera exclusiva, una serie de requisitos para poder utilizar parte de los recursos que ya fueron presupuestados.
Les van a retener dineros y, para liberarlos, ahora la nueva regla los obliga a pasar primero por una comisión legislativa, luego por el plenario de diputados y, finalmente, a pedirle permiso al Ministerio de Hacienda.
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“Una cosa es fiscalizar y otra condicionar”
Orlando aprovechó para hacerle una importante aclaración al Gobierno: una cosa es comprobar que el dinero se usa correctamente y otra muy distinta es que los amarren.
El magistrado señala que decirles cuándo pueden usar la plata, cómo reorganizarse o qué plazas llenar es una intervención administrativa de otro poder de la República, algo que va en contra de la Constitución Política.
¿Por qué debería importarnos esto?
A simple vista, parece un enredo de políticos, pero Aguirre fue enfático en que esto “no se trata de privilegios ni de defender gastos innecesarios”.
Si esos recursos no están disponibles en el momento exacto en que se necesitan, la ciudadanía enfrentará directamente las graves consecuencias.
Se trata de la plata vital para las investigaciones del OIJ, la compra de nueva tecnología, la atención y la protección de las víctimas, y el funcionamiento de nuestros tribunales para combatir a los delincuentes.
“Cuando defendemos el presupuesto del Poder Judicial, defendemos la capacidad de brindar justicia”, sentenció Aguirre.
