La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, decidió por segunda vez devolver la nómina de los magistrados suplentes a la Corte Suprema de Justicia.
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Jiménez leyó este miércoles 15 de junio en el plenario la resolución sobre el nombramiento de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
En el documento, la presidencia legislativa alega que se han realizado 11 rondas de votación en el Congreso, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las fracciones para alcanzar los 38 votos mínimos que exige la ley para estos nombramientos.
La decisión de Jiménez fue apelada por la oposición. Sin embargo, quedó pendiente, pues la sesión se levantó.
Solicitó nueva nómina
La presidenta del Congreso solicitó a la Corte Suprema de Justicia enviar una nueva nómina de magistrados suplentes.
Según la resolución, la Corte debe remitir una nueva nómina integrada con 24 candidatos “que resulten elegibles conforme a los concursos y procedimientos actualmente desarrollados por ese Poder de la República”.
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Oposición rechaza decisión
En un video divulgado por la oposición, las fracciones de Liberación Nacional, Frente Amplio, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana se refirieron a la resolución.
“Eso es inaceptable. Ella está convirtiendo su puesto administrativo y de directora del debate legislativo en un verdadero veto político. Eso no lo podemos aceptar sobre todo porque nunca nos dieron razones aceptables”, dijo Abril Gordienko, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Álvaro Ramírez, jefe de fracción liberacionista, también señaló que era inaceptable la decisión de Jiménez por varias razones.
“Una es porque están convirtiendo a la Asamblea Legislativa en una extensión de su guerra contra el Poder Judicial. Y esta guerra contra el Poder Judicial se manifiesta de muchas maneras: dejando de nombrar magistrados, quitándole el presupuesto, cuestionando a las figuras como el fiscal, que está haciendo una gran labor en su lucha contra el crimen organizado“, afirmó.
Por su parte, José María Villalta, jefe de fracción frenteamplista, opinó que la resolución es arbitraria e inconstitucional.
“No dan razones por las cuales rechazan a los magistrados propuestos por la Corte, lo que nos muestra que detrás hay otro interés. Hay un interés político de capturar el Poder Judicial, de tener paralizada a la Sala Constitucional para que no pueda pronunciarse sobre los casos de corrupción contra el gobierno, y tratar de chantajear a la Corte para nombrar jueces parcializados y vinculados con el gobierno. Esto es inaceptable“, dijo.
Claudia Dobles señaló que hay más de 120 personas que están esperando una resolución de sus recursos de amparo en la Sala Constitucional.

