La póliza de seguro que el gobierno pretendía contratar para cubrir a jerarcas como el presidente, Rodrigo Chaves; los vicepresidentes, Mary Munive y Stephan Brunner, y demás ministros, en caso de que se jalen una torta y se les abra un proceso judicial en su contra, acaba de pegar con pared.
Resulta que la Contraloría General de la República (CGR) sacó de dudas al Ministerio de Hacienda y les dejó clarito que no es viable utilizar recursos del Estado para pagar esta póliza.
Hay que recordar que el gobierno pretendía utilizar más de 250 millones de colones anuales, provenientes de fondos públicos, para pagar este seguro al Instituto Nacional de Seguros (INS).
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Según la Contraloría, “no existe habilitación legal para utilizar fondos públicos con el fin de contratar pólizas de responsabilidad civil que beneficien directamente a funcionarios.
“La CGR enfatiza que los seguros pagados con fondos públicos deben proteger los intereses de la administración y no los beneficios personales de los funcionarios”, se lee en la respuesta.
“De este modo, es claro que contratar seguros para cubrir responsabilidades personales de jerarcas sería incompatible con el principio de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa”.
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Además, recordaron que el artículo 11 de la Constitución Política es claro al decir que todos los funcionarios públicos, como parte de sus responsabilidades, deben responder de manera personal y con el dinero de sus bolsillos, “en los ámbitos civil, administrativo-disciplinario y, eventualmente, penal, cuando haya actuado con culpa grave o dolo por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico“.
Así que si alguno quiere adquirir esta póliza de seguro, puede hacerlo, pero deben de pagarlo de su bolsillo y no de fondos públicos.
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