El Ministerio de Educación Pública (MEP) solicitó a las Direcciones Regionales información sobre las incapacidades emitidas en la especialidad de psiquiatría que presentaron los funcionarios entre el 1.° de enero del año pasado y el 5 de junio de este 2026.
En un oficio emitido el 10 de junio, la viceministra de Educación Pública, Sofía Ramírez, pidió que se remitiera un informe en el que se indicara el nombre completo del funcionario, la cantidad de incapacidades presentadas y los días incapacitados, el nombre del médico tratante y otro tipo de información.
Esta solicitud provocó la molestia de varios educadores, quienes utilizaron las redes sociales para expresar su opinión.
Pero, ¿por qué el MEP requería esta información? Las autoridades afirmaron que forma parte de un proceso institucional de recopilación y análisis de información administrativa para fortalecer la gestión del recurso humano, la continuidad del servicio educativo, la salud ocupacional y la adecuada planificación institucional.
“La información permitirá fortalecer las estrategias institucionales de bienestar laboral, prevención de factores de riesgo psicosocial, atención de la salud mental, salud ocupacional y acompañamiento a las personas funcionarias, promoviendo entornos laborales saludables y una adecuada prestación del servicio educativo”, dijo Ramírez.
MEP no está investigando a funcionarios
Las autoridades aseguraron que la información solicitada no constituye una investigación sobre los funcionarios. Tampoco están cuestionando las incapacidades emitidas.
“El MEP no está solicitando ni recopilando diagnósticos médicos, expedientes clínicos, tratamientos, valoraciones especializadas ni ninguna otra información protegida por el secreto profesional médico”, afirmó la viceministra.
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“La información requerida se limita a datos administrativos vinculados a la gestión institucional de las incapacidades, por lo que el Ministerio no realiza valoraciones sobre condiciones médicas individuales ni tiene acceso a la información clínica protegida de las personas funcionarias”, añadió.
Las autoridades aseguraron que la información recopilada por las Direcciones Regionales ayudará a identificar “tendencias generales y necesidades institucionales” para fortalecer programas de bienestar laboral y la prevención del síndrome de desgaste profesional (burnout), así como el manejo del estrés laboral.
El Estado de la Educación, en un estudio publicado en 2025, señaló que el 41% de aproximadamente 13.000 funcionarios encuestados reportó altos niveles de carga de trabajo, escaso apoyo institucional y malestar emocional.
Muchos manifestaron síntomas como fatiga, dolores físicos y dificultades emocionales. Por eso, los funcionarios solicitaron reubicaciones por motivos de salud e incapacidades prolongadas.
Como parte de la carga laboral, varios docentes han señalado que han tenido que llevar procesos disciplinarios. Algunos han tenido que desarrollar hasta cinco o seis expedientes.
Asimismo, muchos funcionarios utilizan horas fuera de su jornada laboral para revisar tareas, exámenes y otras rúbricas.
Actualmente, el MEP está recopilando, validando y consolidando la información remitida por las Direcciones Regionales, por lo que se desconocen datos como la cantidad de incapacidades presentadas.

