El presidente de la República, Carlos Alvarado, llegó este jueves con una lista de argumentos para explicarle a los magistrados de la Sala Cuarta, la urgencia de meterle tijera a las pensiones de lujo.

La lista de razones las dio en el auditorio del OIJ, en Chepe centro, frente a un grupo de pensionados que no quieren que les hagan rebajos a sus jugosas pensiones y compartieron la mesa con los jueces, los ministros de Hacienda y Trabajo, directores de pensiones y del grupo de asesores legales de Presidencia.

“Me presento con una única finalidad: abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica respaldado en razones jurídicas, técnicas y éticas", así empezó el presi su discurso que duró unos 10 minutos.

Alvarado dijo que habló en representación de miles de familias ticas que no aceptan que se mantengan las pensiones de lujo mientras muchos hogares tienen necesidades.

“Muchas familias la están pasando mal, pues sus ingresos no les permiten una adecuada calidad de vida”, explicó.

Para el presi esta fue una oportunidad para defender las razones que los llevaron a tomar medidas que ha provocado las críticas de sus opositores, pero que para esta administración son necesarias para garantizar la estabilidad económica del país.

“Es deber del Estado resguardar un sistema de seguridad social justo y equitativo, acorde con las finalidades del Estado Social de Derecho, capaz de ofrecer calidad de vida a todas las personas retiradas y no solamente a algunas de ellas”, dijo el mandatario.

Alvarado quiere acciones que aumenten la producción para que se puedan tomar medidas que permitan que todos podamos echar mano de la riqueza y vivir en paz.

Eso sí no perdió la oportunidad de hacer el comercial al discurso de que los ricachones son los que más van a soltar lana, “medidas para que quienes tienen más, aporten más y así, del esfuerzo de toda una sociedad, podamos alcanzar estándares adecuados de vida para todas las personas”, agregó.

Agregó que, para lograr la meta se deben eliminar beneficios exagerados que tienen unos pocos y que los aportes sean según los ingresos de cada uno, además de poner como límite a las pensiones de lujo el equivalente a 10 salarios mínimos de la administración pública ( ¢2,6 millones ). Esta ley es de 1998.

Estos cambios los justificó explicando que permitirán un ahorro importante para el Gobierno y ayudará a distribuir de forma equitativa la platica del Gobierno entre todos los costarricenses.

“En un régimen de seguridad social con recursos limitados, como el nuestro, es imperativo garantizar a toda persona un ingreso digno. La pensión busca asegurar una vida digna a las personas adultas mayores. No buscan el enriquecimiento de unos en detrimento de la mayoría”, aseguró.

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Aclaró que estos cambios no significan que van a dejar de aumentar las pensiones, pero que sí le van a quitar el pie al acelerador para que suban de manera razonable, ajustada al costo de vida,

“Implicarán la reducción de una odiosa brecha que resulta éticamente insostenible y económicamente ruinosa”, aseguró el presi.

Lo que sí pidió acelerar es la respuesta a la consulta, Alvarado quiere saber lo más pronto posible si le volarán tijera a las pensiones de lujo.

"Me permito reiterar con respeto la urgencia de contar con una resolución cuanto antes. La situación crítica en que se encuentran las finanzas públicas, hace insostenible la preservación de estos odiosos privilegios”, explicó.

Defienden los milloncitos

Los pensionados de lujo que llegaron a la audiencia aseguran que ya les han tijereteado mucho el platal que reciben cada mes.

Alejandro Abellán trabajó en Hacienda 30 años y se pensionó en 1986, tiene una pensión de ¢6,8 millones que, con los rebajos actuales, le queda en ¢3,2 millones.

La abogada de Abellán alega que no se debe aplicar la ley de 1998 porque ya entró en vigor una nueva ley, aprobada en el 2016, que aplica nuevos rebajos a los pensionados de lujo mediante la figura de contribuciones solidarias.

Añade que no hubo debido proceso para fijar el tope y que los adultos mayores son quienes más necesidades tienen.

“Es cuando más se enferman. Estamos hablando de pensiones altas, pero las familias ya no las ven”, aseguró la abogada.

Dice que hay pensionados con compromisos bancarios y que atienden a sus nietos, además de que no hubo preparación para que los señores vieran si podían subsistir con el monto que les habría quedado.

El magistrado Fernando Castillo anunció que la decisión final se tomará antes del 18 de noviembre.