El Poder Judicial quedó prácticamente noqueado este lunes por la sorpresiva salida del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, además del rumor de que dos magistrados más de la Sala III, podrían agarrar el mismo camino fácil.

Y como si eso fuera poco, en horas de la tarde de este lunes se anunció que todos los magistrados de esa sala quedan suspendidos por dos meses y sin goce de salario.

O sea, se encuentran en el ojo del huracán y por eso Chinchilla, ante de conocerse la noticia de la suspensión, mejor anunció que canta viajera, lo hizo con una carta que entregó este lunes a las 9 de la mañana, en la que indica que se acogerá a su jubilación. En el caso de los otros dos, anunciarían la decisión este martes.

¿El motivo de todo este polvorín? Todo inició porque Chinchilla, junto a lo demás magistrados de esta sala, Jesús Ramírez, Doris Arias y María Elena Gómez, en un primer momento solamente recibieron una amonestación escrita, el pasado 11 de julio. Todos ellos desestimaron una causa el 20 de febrero del 2017 contra los entonces diputados Otto Guevara (Movimiento Libertario) y Víctor Morales Zapata (independiente), por el delito de tráfico de influencias a favor del empresario cementero Juan Carlos Bolaños.

Esta determinación fue sumamente criticada, ya que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró encontrar más de 600 llamadas entre los legisladores y Bolaños. El resto de magistrados, movidos por la presión, realizaron una nueva votación y en vez de una simple amonestación, los mandaron dos meses a la casa y sin salario.

En el caso de Chinchilla, ocupó el puesto de magistrado desde octubre del 2007; sin embargo, el 22 de mayo del 2017 fue nombrado como presidente de la Corte luego de conseguir 17 votos de 22, con lo que le ganó de la contienda al también magistrado Luis Guillermo Rivas, quien solo obtuvo cuatro.

Quedó marcado

El periodo de Chinchilla como presidente debía terminar en el 2021, cuando cumpliera los cuatro años de gestión; sin embargo, su mandado terminó mucho antes y estuvo marcado por varios hechos que prácticamente sepultaron su carrera y la credibilidad del Poder Judicial.

El primero de ellos fue la huelga de los empleados judiciales, que se desarrolló del 19 al 31 de julio del 2017, quienes reclamaban que una modificación en el régimen de pensiones los iba a perjudicar, ya que recibirían hasta un 30% menos de jubilación. Lo que más indignó en esa ocasión es que por el paro se suspendieron las autopias de 39 cuerpos, los cuales por este motivo no eran entregados a los familiares.

Pero sin duda, el caso que más afectó la imagen del Poder Judicial fue el cementazo, este ocasionó que muchos cuestionaran la actuación de los integrantes de la Sala III, incluso los diputados de la anterior administración pusieron en duda la forma en la que decidieron eliminar la causa contra Guevara y Zapata el 20 de febrero anterior.

Además tiene en su récord negativo ser el primer presidente de la Corte en recibir una amonestación. Desde 1825 este órgano ha tenido a 66 personas en ese cargo y hasta ahora es que uno de ellos es “regañado”.

Poder Judicial se debe limpiar

José Manuel Arroyo, magistrado entre los años 2000 y 2016, fue claro en decir que el Poder Judicial está en una crisis que debe ser superada cuanto antes, ya que a su criterio este tipo de situaciones afectan la credibilidad de los jueces.

“Salir de esa forma es algo muy deshonroso, nunca en la historia del Poder Judicial se habían visto estas cosas, pero no es algo que me sorprende porque es algo que viene tejiéndose desde hace muchos años, lo malo es quedarse con esto y no pasar la página para avanzar, el país necesita hacerlo por el bien de todos”, detalló.

Arroyo asegura que un magistrado nunca debería llegar al punto de tener que renunciar de esta manera, mucho menos al tratarse del presidente de la Corte.

“Por lo que pasó es una renuncia necesaria, como tiene que ser la de los otros magistrados que han sido amonestados, parece que es algo que se va a venir, pero este tipo de cosas no deberían pasar”, añadió.

Sindicatos van hasta al final

Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), reconoció que irán hasta las últimas consecuencias con los magistrados que están involucrados ya que, según él, apegarse a la jubilación no les quita el ser acusados penalmente.

“Esta decisión que se toma por parte de ellos fue por la presión que se hizo, uno hubiera querido que se dieran más explicaciones por las salidas, pero no se dio y vamos a continuar”, contó.

Para Rodríguez, el problema tiene solución y es que la clase política no se meta con el Poder Judicial, ya que de ambos lados se prestan favores, algo que no debe ocurrir.

“Yo creo que hay que ser muy ingenuo para no pensar que ahí hay un brazo político metido, eso está mal porque no debe haber ningún tipo de injerencia, precisamente para evitar este tipo de cosas”, finalizó.

El delito al que se exponen los magistrados, en caso de ser hallados culpables en una causa penal, es prevaricato, que es cuando un juez (en este caso) toma una decisión sabiendo que está mal. Es penada con 2 a 6 años de cárcel.