Procuraduría no ha dicho si subir salario de ministros contradice la ley

La Procuraduría General de la República aún no responde la consulta hecha este jueves por la diputada liberacionista Paulina Ramírez, sobre si el aumento de salario a los ministros y viceministros contradice la ley, específicamente la reforma fiscal.

El departamento de prensa de la Procuraduría dijo este viernes a La teja que la consulta seguirá el trámite ordinario y que no tienen un plazo establecido para responderle a la legisladora, sin embargo, esperan que sea lo antes posible.

El decreto con el ajuste salarial fue publicado este jueves 23 de junio y rige a partir de este mismo mes de junio.

Con la norma publicada, el sueldo base de los ministros pasó de ¢1.350.000 a ¢2.680.000 mensuales y el de los viceministros de ¢1.300.000 a ¢2.570.000.

La diputada, quien también es presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea, envió la consulta directamente a la procuradora adjunta Magda Inés Rojas y planteó que la regla fiscal limita que el Ejecutivo haga ese tipo de ajustes salariales.

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La regla fiscal dice que, en el peor escenario de la situación fiscal como la que vive actualmente el país, con un nivel de endeudamiento igual o superior al 60% del producto interno bruto (PIB), “no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales”.

En la argumentación enviada a la Procuraduría, Ramírez dijo que, “por lo tanto, el decreto ejecutivo 43585-H-PLAN-MTSS (que aumenta el salario de los ministros y viceministros) podría resultar contrario a ley y fuera del bloque de legalidad”.

La liberacionista manifestó que es necesario que se determine si la actuación del presidente de la República, Rodrigo Chaves, se ajusta o no a lo que dictan las leyes.

“Solicito a la Procuraduría que rinda criterio jurídico sobre la legalidad de la actuación del presidente de la República, vía decreto, al otorgar un ajuste al salario base de ministros y viceministros, así como también respecto a la competencia de la Autoridad Presupuestaria de aplicar revaloraciones salariales a los puestos excluidos del régimen de Servicio Civil, mientras persistan las condiciones de endeudamiento que la ley ha fijado como parámetro para congelar los aumentos salariales”, solicitó la legisladora.