Actualmente hay 300 hombres y cinco mujeres que están en la cárcel por no pagar la pensión alimentaria, pero esas personas podrían tener un chance de acabar ese calvario y cumplir con su obligación.

Una propuesta del exjuez de pensiones Gilberth Gómez, busca que el Estado, a través de convenios con empresas privadas, le dé trabajo a estas personas para que puedan pagarle la deuda a sus hijos y no tengan que estar tras las rejas.

Gómez, quien vio casos de este tipo desde el año 2000 hasta el 2013, comentó que la mayoría de atrasos en el pago de esta obligación es penado con hasta seis mes de cárcel.

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Esta medida fue creada el 12 de julio de 1867 por un decreto que fue añadido a la Constitución Política, es decir, han pasado 152 años y el castigo no ha cambiado.

El experto agregó que cuando un padre o madre está en prisión, la deuda se congela, por lo que el niño no recibe ningún aporte durante ese tiempo.

“Para que se le dé trabajo a una de estas personas, la propuesta dice que el Ministerio de Trabajo debe realizar en la cárcel un estudio para determinar que no es un irresponsable, porque sabemos que los hay. Entonces si se comprueba, por ejemplo, que se quedó sin trabajo por un recorte de personal, por un accidente o por otras situaciones ajenas a su control, calificará para ser tomado en cuenta”, detalló.

De vuelta a la cárcel

El exjuez agregó que la mayoría de estos empleos podrían ser fijos, siempre y cuando las condiciones de la empresa así lo permitan.

“Los que deben pensión alimentaria son de clase baja, que tiene trabajos temporales o que son inestables, es gente pulseadora. La idea no es solo conseguirles un trabajo para que paguen la pensión, sino también uno donde se puedan sentir bien y estén por mucho tiempo.

“Ahora, podría ocurrir que alguno deje el trabajo botado en el primer mes y no pague la pensión, si eso pasa, se busca para mandarlo nuevamente a la cárcel, porque este proyecto no es para premiar a vagos”, aclaró.

La propuesta también añade que, en caso de ser necesario, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) capacite al deudor para desarrollarse mejor en su área de trabajo.

“Esta idea la presenté en el pasado al INA, al Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, al Pani y al Poder Judicial, no hubo objeciones, por eso creo que puede ser una buena opción, no solo para los deudores, sino para los niños que son los más perjudicados”, expresó.

Gómez resaltó que la iniciativa es nueva en América Latina, por lo que podría convertirse, si todo sale bien, en un ejemplo para el resto de la región.

“Esto también obligará al Estado a cumplir con el artículo 56 de la Constitución Política, que es facilitar el trabajo a todos los ciudadanos”, destacó.

¢900 mil por cada reo

Harllan Hoepelman, diputado del bloque independiente de Nueva República, acogió la propuesta que será discutida en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Todavía no se ha definido la fecha.

De acuerdo con información recopilada por el Ministerio de Justicia y Paz, un reo le cuesta al país aproximadamente ¢900 mil por mes.

“Estamos buscando el beneficio de los menores porque son ellos los que más sufren cuando no se paga la pensión, pero indirectamente también beneficiaríamos al país con el ahorro de ese dinero”, destacó.

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El legislador fue más allá diciendo que las madres o padres que tienen la custodia de los hijos también se beneficiarán al recibir la pensión.

“A veces se cometen injusticias”

Un hombre, quien prefirió no ser identificado y quien hasta hace dos meses estuvo tras las rejas por no pagar la pensión de su pequeña de cuatro años, dijo que la posibilidad de que ese proyecto se convierta en ley ayudará a decenas de personas que sufren por no cumplirle a sus hijos.

“A veces se cometen injusticias, a mí me metieron a la cárcel porque me atrasé una sola vez, fue por celos porque mi expareja no le gustó que rehiciera mi vida al lado de otra mujer. Nunca fui irresponsable en el pago, pero me quedé sin trabajo y ella aprovechó para sacarse el clavo”, dijo.

Según contó, en la cárcel se topó a otros hombres que vivieron situaciones similares a la suya.

“A un muchacho se salió una hernia en la ingle, trabajaba en el campo y pagaba ¢80 mil de pensión, no podía trabajar y aún así lo metieron preso. Una mujer dice cualquier cosa ante un juez y siempre tiene las de ganar sin importar si se está cometiendo alguna injusticia”, añadió.

Se espera que la iniciativa cuente con el respaldo de los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, para que luego sea discutido en el plenario donde se necesitará de al menos 29 votos en primer debate y de 38 en el segundo para que se declare ley de la República.