¿Qué decía la Curia Metropolitana del estilo de vida del cura Mauricio Víquez cuando aún no se conocían las denuncias en su contra?

El 21 de agosto del 2018 Rafael Sandí, canciller de la Curia, atendió a La Teja cuando apenas se iniciaba el escándalo que ahora envuelve al cura.

El día anterior había trascendido que la Iglesia católica suspendía a Víquez de toda labor luego de conocerse que tres hombres lo denunciaron por presunto abuso sexual cuando eran menores de edad. En aquel momento los denunciantes aún no habían salido a la luz pública para hablar de lo ocurrido.

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En aquella oportunidad se le consultó a Sandí en cuántas oportunidades la Iglesia había recibido denuncias contra el cura Víquez. El canciller respondió que dos: una en el 2016, cuando un mayor de edad lo señaló por “hablar de los homosexuales siendo él homosexual” y la otra en 2018, cuando los tres hombres lo acusaron de presunto abuso sexual.

Esta versión contrasta con la enviada por escrito este jueves por la Curia Metropolitana. En una relación de hechos asegura que en el 2003 Anthony Venegas, uno de los denunciantes de Víquez, se presentó con dos personas adultas para exponer “cierta conducta inapropiada de Víquez Lizano” al entonces vicario general José Rafael Quirós, hoy arzobispo de San José.

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Este hecho no fue mencionado por Sandí durante la entrevista con La Teja en agosto del 2018.

La Teja también consultó en aquella oportunidad por qué Víquez no tenía asignada una parroquia y por qué vivía en un apartamento en San José mientras la mayoría de sacerdotes se sudan la gota gorda en las casas curales de las comunidades.

En el comunicado que envió la Curia la semana pasada se señala que luego de que Anthony Venegas se presentó en el 2003 en compañía de dos adultos a presentar su caso “respondiendo a la queja y a solicitud de quienes la interpusieron, el sacerdote Víquez fue removido del oficio de párroco y se decidió no iniciar ninguna acción que lesionara la buena fama de los menores de edad afectados como fue solicitado en la conversación. A partir de ese momento nunca más tuvo oficios parroquiales”.

No obstante, durante la entrevista de agosto pasado se le consultó al canciller por qué Víquez no tenía asignada parroquia y la respuesta fue “depende de las circunstancias y carismas de cada quien, en las parroquias hay responsabilidad de administrar, pero también se necesitan profesores en el seminario y cargos administrativos, depende de la especialización, son diferentes factores”.

Sandí nunca indicó que se le había removido por los hechos del 2003.

-Nos llama la atención que Víquez vive en un apartamento costoso y tiene un carro caro, ¿por qué unos sacerdotes deben obedecer el mandato de la Iglesia de humildad y otros tienen una condición completamente distinta?, cuestionamos.

-En este caso de su situación económica, no sé si es por situaciones de famlia, son circunstancias particulares. De hecho desde 2016 no tiene oficio eclesiástico, sé que da clases en la UCR y en otras universidades.

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-¿Entonces un sacerdote decide a qué se dedica?

-El sacerdote no decide a qué se dedica, es nombrado, pero en este caso cuando se le quitan los oficios él tiene que vivir de algo, recurre a las posibilidades que tiene.

Según el canciller a Víquez se le quitaron los oficios en el 2016 y por eso tuvo que dejar las parroquias, pero en La Teja se sabe que este sacerdote vive en esos apartamentos desde muchos años antes, cuando las instalaciones de este periódico se ubicaron en el mismo edificio, desde el 2006 al 2014. Allí un apartamento cuesta entre $700 y $1000. La Teja dio a conocer que solo en la UCR, Víquez gana ¢917.964 por trabajar un cuarto de tiempo impartiendo dos cursos.

Se intentó ampliar este tema con el canciller Sandí el pasado viernes, sin embargo, no atendió a La Teja.

UCR no actuará

La Teja consultó a la Universidad de Costa Rica si actuará con respecto al caso de este sacerdote, por el que pesan nueve denuncias canónicas por supuesto abuso sexual a menores de edad y una denuncia penal.

Víquez es docente de este centro de estudios. El cura solicitó un permiso sin goce de salario desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, el cual fue rechazado ya que alegó “razones de salud” y no aportó ningún documento que acredite alguna condición.

En la UCR indicaron que si no regresa a laborar el 1 de marzo “puede abrirse un proceso disciplinario”.

Ya anteriormente nos habían indicado que solo toman acciones si las denuncias tienen que ver con el ejercicio de las funciones como docentes.