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Recuperan ₵5.727.300 del Bono Proteger que se entregó indebidamente

Se espera que 88 trabajadores del Estado devuelvan casi ₵12 millones en los próximos días

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Entre los meses de junio y julio, el Gobierno logró recuperar ₵5.727.300, según informó la Tesorería Nacional, correspondiente a 38 funcionarios que atendieron a tiempo la solicitud de devolución del Bono Proteger, confirma el ministerio de Trabajo.

Del mismo modo, nueve instituciones gubernamentales también iniciarían con procedimientos disciplinarios, para colaborar con la gestión de cobro del Bono de 88 funcionarios públicos que a la fecha no han realizado las devoluciones, lo que significaría una recuperación de ₵11.749.000, adicionales.

Al cumplirse el plazo de 30 días hábiles que otorgó el presidente Rodrigo Chaves para la devolución de los dineros del Bono Proteger a funcionarios públicos, el ministerio de Trabajo (MTSS) dio este viernes 5 de agosto un informe con los primeros resultados de la gestión de cobro.

El 27 de julio fue la fecha de corte que se estableció para cobrar el Bono Proteger a unos 1.309 funcionarios públicos que lo solicitaron y que no debían recibirlo. “Una cantidad aproximada, puesto que el dato provenía de filtros realizados por la anterior administración y la actual no contaba con las bases de datos originales para verificar la exactitud de estos números”, explica el MTSS.

El 27 de julio, el MTSS coordinó con el Banco Popular para recuperar 2.410 millones de colones que se encontraban depositados en cuentas de esa entidad desde el año 2020, y que no habían sido retiradas por las personas que en su momento habían pedido el Bono Proteger.

En el 2021, explica el MTSS, se solicitó a las instituciones certificar si las personas que se indicaron eran realmente funcionarios públicos, sin embargo; de las entidades consultadas, 23 de ellas no respondieron, por lo que la administración anterior decidió interpretar este silencio como positivo y los contabilizó como tales.

Por otra parte, 17 instituciones declararon que en dicha lista existían individuos que ya no se encontraban trabajando para el Estado; un total de 99 personas que fueron reportadas como ex funcionarios y tuvieron que ser trasladadas al órgano recuperador para la gestión de cobro.

En el informe también se explica que hubo instituciones que alegaron que no era de su competencia realizar dichos cobros, por lo que se tuvo que trasladar un total de 78 personas de esta lista al órgano recuperador.

En cuanto a los posibles alcances legales que podrían darse por la mala gestión de este bono, el MTSS consultó a la Procuraduría General de la República (PGR), si existía alguna responsabilidad civil o penal del representante legal de la empresa Continum Data Center, por los fallos que presentó la plataforma digital en la entrega de los subsidios.

El abogado del Estado informó que esta consulta debe atenderla la Contraloría General de la República (CGR), por ser el ente competente en materia de recursos públicos.

A partir de la respuesta dada, Trabajo envió este 5 de agosto a la CGR el oficio MTSS-DMT-OF-1049-2022, para que sea ésta la que defina si se deben presentar acciones legales en contra de dicha empresa y si existe un posible conflicto de intereses, por la participación del señor Lachner Castro, titular de la empresa que donó la plataforma, en el programa Empléate, donde también es representante de otras empresas inscritas como centros de formación.

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