Yenci Aguilar Arroyo.25 octubre, 2019
El proyecto viene a regular las huelgas en el sector público. Los servicios de salud se considerarán servicios esenciales y por lo tanto, sus trabajadores no pueden ir a huelga. John Durán.
El proyecto viene a regular las huelgas en el sector público. Los servicios de salud se considerarán servicios esenciales y por lo tanto, sus trabajadores no pueden ir a huelga. John Durán.

Los magistrados de la Sala IV dieron a conocer este viernes por la noche, la resolución sobre la consulta del proyecto de ley que regula las huelgas en el sector público, por lo que allanaron el camino para que la iniciativa sea aprobada en segundo debate por los diputados en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, los magistrados sí encontraron vicios de inconstitucionalidad en relación con la disolución de sindicatos por las conductas delictivas de sus dirigentes – disposición establecida en el proyecto de ley –, en vista de que no se puede trasladar la responsabilidad penal personal de los dirigentes sindicales a todo el sindicato.

Además, otro punto en el que señalaron que sí se viola la Constitución Política es el que indica “no haberse consultado a la Corte Suprema de Justicia lo referido a cuáles servicios judiciales y auxiliares de la justicia, son considerados esenciales (los cuales tendrían prohibición al derecho de huelga)”.

El proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos se aprobó en primer debate el 3 de setiembre anterior. En esa oportunidad, lo votaron afirmativamente 40 de los 55 diputados presentes.

Dos días después, legisladores del bloque Nueva República, así como los diputados Shirley Díaz y Óscar Cascante del PUSC; José María Villalta, del Frente Amplio; Wálter Muñoz, del PIN y Dragos Dolanescu del Partido Republicano Social Cristiano enviaron a la Sala la consulta.

Con luz verde

La Sala aprobó el artículo presentado por el diputado del PUSC, Pedro Muñoz donde se establece que el patrono no deberá pagar los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la huelga, a menos que esta sea declarada legal y el motivo de la huelga sea imputable al patrono por incumplimiento grave.

Otro punto que se resolvió de forma unánime y en el que no se encontraron vicios de inconstitucionalidad es el referente a la definición de los servicios esenciales, entre los que destacan los de salud, transporte, comedores escolares, seguridad pública, controladores aéreos, bomberos, suministro de agua potable y energía eléctrica y de combustible, entre otros.

Además, los magistrados señalaron que “no encontraron ningún vicio de inconstitucionalidad en el artículo del proyecto que indica que las huelgas de naturaleza puramente política serán declaradas ilegales”.

Cuáles sí y cuáles no

Uno de los puntos más importantes del proyecto es la clasificación de los servicios públicos en esenciales, trascendentales y estratégicos, pues acá se indica cuáles trabajadores sí podrán ir a huelga y cuáles no.

En setiembre pasado, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, comentó que con la normativa, los trabajadores de los servicios de salud y de los comedores escolares, por ejemplo, no podrán ir a huelga, pues estos se catalogan como esenciales.

“Otros servicios esenciales son los servicios de seguridad pública, los controladores aéreos y control migratorio en aeropuertos; los servicios de carga y descarga en muelles y atracaderos de medicamentos, suministros o equipo médico; rescate de víctimas y servicios de atención de desastres, el suministro de agua potable y energía eléctrica, servicios de transporte y los servicios judiciales en materia de pensiones alimentarias y violencia intrafamiliar”, expresó.

Con respecto a los servicios trascendentales, estos son aquellos cuya paralización implica un perjuicio sensible, como los de recolección de basura, de administración de justicia, administración aduanera y procesos de preparación de procesos electorales nacionales o locales.

Benavides comentó que la educación se denominó como un servicio estratégico y en este caso, las huelgas se mantendrán por un plazo de 21 días naturales consecutivos o de 10 días hábiles. Vencido esos plazos, los trabajadores deberán regresar a sus labores.

“Durante la duración de la huelga deberá mantenerse el personal necesario para que cada centro educativo permanezca abierto y en condiciones básicas de aseo y seguridad. En el caso de Educación Especial deberán asegurarse la atención y la asistencia adecuadas en consideración a sus circunstancias especiales”, afirmó.

Los diputados liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León son los impulsores de la iniciativa. Rafael Pacheco.
Los diputados liberacionistas Carlos Ricardo Benavides y Yorleny León son los impulsores de la iniciativa. Rafael Pacheco.