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La presidenta Laura Fernández aseguró que la tarifa del servicio eléctrico no subiría durante el resto del año; sin embargo, diversos factores macroeconómicos y climáticos podrían provocar que esta promesa genere severas consecuencias a futuro.
Cabe recordar que en Costa Rica el Gobierno no fija los precios de la luz; esa tarea le toca por ley a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) mediante el costo variable de generación. Aunque el Ejecutivo o el ICE prometan no pedir aumentos, la decisión final pasa por el ente regulador.
El alza en el precio de los combustibles y la amenaza de consolidación del fenómeno del “Súper Niño” en el último trimestre de este 2026 son elementos que afectarían directamente la generación eléctrica nacional. Al respecto, La Teja conversó con el economista Leiner Vargas, quien advirtió sobre las repercusiones que la decisión gubernamental podría acarrear.
“Existen mecanismos para trasladar los efectos de un crecimiento o un aumento en las tarifas durante un semestre o inclusive durante un año. Pero en economía sabemos que no hay almuerzo gratis y que no se puede tapar el sol con un dedo, es decir, si efectivamente la empresa eléctrica requiere por costos, por crecimiento en costos, un aumento en el precio de la electricidad tarde o temprano la jarana sale a la cara”.
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El experto detalló que la decisión del Poder Ejecutivo no implica una simple congelación de la tarifa, sino que, a futuro, los consumidores tendrán que pagar un precio mayor para compensar los elevados costos de operación que asuman las entidades proveedoras.
Vargas indicó, además, que los costos de la electricidad dependerán directamente del comportamiento del mercado internacional y de la severidad de la próxima temporada seca.
Este tipo de promesas se logran mediante un mecanismo de diferimiento: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) asume el millonario costo de quemar combustible para generar luz hoy, acumula ese gasto como una deuda en sus estados financieros y posterga el cobro para reprogramarlo en las tarifas de los años siguientes. Es decir, el consumo de hoy se termina pagando más caro después.
El peso del Súper Niño y los hidrocarburos
El especialista explicó que, de consolidarse el fenómeno del Súper Niño y sus consecuentes sequías —tal como lo prevé el Instituto Meteorológico Nacional (IMN)—, el país enfrentaría un escenario muy complejo, ya que esto obligaría a generar electricidad mediante plantas térmicas alimentadas por hidrocarburos.
“Efectivamente tendríamos que apostar por el crecimiento de la oferta de fuentes fósiles, las cuales son de un costo variable muy alto, como sabemos, operadas por combustibles”, indicó el economista.
El costo de operación de estas plantas térmicas es considerable. Realizando un ejercicio de cálculo y comparación estimado, una planta modular pequeña que consume 250 litros por hora para generar 1.000 kilovatios requiere ₡178.500 en diésel al precio actual.
Si se traslada este escenario a la planta térmica Garabito —la más importante de Costa Rica, cuya capacidad es de 200 megavatios—, los costos aumentarían exponencialmente. Esta infraestructura, que posee capacidad dual (funciona con búnker o diésel), necesitaría millones de colones para operar de manera continua durante tan solo una hora.
A este panorama se debe sumar el constante incremento en los hidrocarburos, incluyendo el ajuste previsto para el próximo mes de noviembre, cuando la gasolina regular subirá ₡89, la súper ₡31 y el diésel ₡31.
Una declaración “a la ligera”
El economista analizó la postura del Gobierno y se refirió a la promesa de no subir la tarifa eléctrica de la siguiente manera:
“Son frases un poco a la ligera, me parece a mí, de parte de la presidenta”.
Además, explicó que las autoridades gubernamentales deberían contar con una mejor asesoría técnica por parte de sus economistas y su equipo de trabajo.
“En materia de tarifas, hay que respetar la ley, hay que respetar la estructura de gobernanza que ya existe y obviamente plantearse tarifas fijas por un período de tiempo, al final nos termina costando más caro al país y a los ciudadanos”, concluyó Vargas.
