EscucharLa electricidad se ha vuelto indispensable en la vida de la gente. Es vital en temas como la alimentación, la educación, el trabajo, y en ocasiones es un asunto de vida o muerte cuando hay en casa una persona con serios problemas de salud que necesita estar conectada a máquinas.
Pensando justamente en todas esas necesidades, la diputada Sigrid Segura Artavia, del Partido Frente Amplio, junto con otros legisladores, presentó el expediente 25.819 en la Asamblea Legislativa.
La meta de este proyecto es reformar el artículo 50 de la Constitución Política para que el acceso a la electricidad quede por escrito como un derecho humano básico e irrenunciable de todos los costarricenses.
La luz no es un lujo
El documento de la propuesta recuerda una realidad que ha venido cambiando con los años. Ahora la corriente es vital para conservar los alimentos, guardar medicamentos delicados y hasta para que los chiquitos puedan estudiar y los adultos puedan trabajar, sobre todo cuando lo hacen desde casa.
Pero la cosa va mucho más allá. Para una persona en situación de vulnerabilidad, un apagón no es solo pasar un rato de calor o aburrimiento. Para quienes dependen de un respirador, una máquina de oxígeno o una cama eléctrica, quedarse sin electricidad es un riesgo inmediato para su salud y su propia vida.
Por esas razones, los diputados insisten en que la electricidad no puede verse solo como un negocio frío o una simple mercancía que solo disfruta el que tiene plata.
“Es una reforma al artículo 50 de la Constitución Política para garantizar el derecho humano a la electricidad. En este momento las personas utilizan la electricidad para todo: para cocinar, para lavar, para estudiar, para trabajar.
“Hay personas que dependen de la electricidad y queremos garantizar esto. Independientemente de lo que suceda con el futuro eléctrico de Costa Rica, queremos garantizar que a la gente no le falte la luz”, explicó Segura.
El grave peligro de ver la energía solo como un negocio
Los ticos sienten orgullo al saber que casi todo el país tiene electricidad. Según los datos oficiales, se ha alcanzado una envidiable cobertura eléctrica del 99,4%.
Esto ha sido posible gracias al modelo solidario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de otras empresas que han llevado el desarrollo a cada rincón del territorio nacional.
Sin embargo, el proyecto lanza una fuerte alerta sobre las grandes presiones que existen para privatizar el mercado eléctrico y dejarlo a la libre competencia.
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El amargo ejemplo que asusta a muchos
Los legisladores se pusieron a estudiar lo que pasó en otros países de América Latina que abrieron sus mercados y los resultados dan mucho que pensar.
Por ejemplo, en República Dominicana, luego de privatizar el servicio, se toparon con que los precios subieron y, para peores, siguieron sufriendo constantes interrupciones.
El gran temor es que las empresas privadas suelen irse a donde está el negocio seguro; es decir, a las zonas urbanas, dejando botadas a las comunidades rurales y humildes porque no les resultan rentables.
¿Qué cambiaría en su casa con esta ley?
Recordemos el tremendo susto que sufrieron los ticos en 2024, cuando una dura sequía estuvo a punto de ocasionar apagones y racionamientos eléctricos. Ese amargo episodio demostró que urge cuidar los recursos propios del país y que el Estado no puede soltar las riendas.
Ahora bien, esta reforma no significa que la luz será gratis o que se puede gastar corriente a lo loco sin pagar. Lo que busca la ley es obligar al Estado a dar un servicio que sea verdaderamente asequible, seguro y continuo.
Además, busca proteger a toda costa la soberanía energética para que las decisiones que afectan nuestro bolsillo no queden en manos de gigantes económicos extranjeros.
