Las clases presenciales en escuelas y colegios se suspendieron desde el pasado 16 de marzo y eso provocó que los 5.400 transportistas de estudiantes se vieran obligados a guardar sus busetas y simplemente esperar a que los estudiantes regresen a las aulas para poder sacarlas. Algo que no ha sucedido.

El problema es que, mientras tanto, tampoco pueden ganarse el sustento para pagar sus vehículos o mantener a sus familias.

Uno de ellos es Cristian Segura Carvajal, quien tiene una buseta de estudiantes modelo 2014, la cual compró hace cinco años y que no ha podido seguir pagando, por lo que el banco ya le tiene una orden para decomisarla.

El préstamo lo tiene con el Banco Nacional y paga una mensualidad de ¢465.000.

Él trasladaba a 38 estudiantes de dos escuelas públicas del centro de Alajuela. Los padres pagaron el servicio del mes de marzo que ya había empezado y un 25 por ciento de los clientes le pagó el mes de abril, pero luego le dijeron que no podían seguir haciéndolo por la dura situación económica.

Ese fue el último mes en que obtuvo ingresos por el brete que ha desempeñado durante los últimos 20 años.

“Estamos sin trabajo desde hace cinco meses y medio. En mi caso la situación con el banco se empeoró porque hace tres años sufrí un derrame cerebral y me tomó un año recuperarme. Tuve que aprender a manejar desde cero, ya gracias a Dios he recuperado mi salud”, explicó el breteador de 45 años.

En ese entonces se atrasó con los pagos y hace mes y medio recibió un aviso del banco de que se había retrasado con la mensualidad, en este caso por el tema de la pandemia. Pero por el antecedente de hace tres años, lo pasaron a cobro judicial.

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Dice que nadie le avisó de eso y el abogado del banco, hasta con la policía, llegó con una grúa de plataforma al lugar donde Cristian alquila para guardar la buseta con la intención de decomisarla.

“Como es propiedad privada y ni siquiera me pertenece a mí, el dueño no dejó que se la llevaran sin una orden. Me llamaron por teléfono, pero yo me encontraba lejos del lugar. Me dijeron que venían por mi carro y me quedé con la boca abierta. Ahora hay una orden de captura puesta por el banco sobre la buseta, dice que donde la vean circulando en la calle, queda detenida de inmediato”, contó Segura.

No pueden usarlas

Igualmente, el permiso del Consejo de Transporte Público (CTP) solo les permite a los propietarios sacar esos vehículos de sus casas para transportar estudiantes. Ni siquiera pueden utilizar las busetas para uso personal, por lo que han pedido encontrar una solución.

“Hay muchos colegas que tratan de reinventarse y necesitan el vehículo porque es el único que tienen, pero está complicado”, recordó Cristian.

De hecho, en la sesión de junta directiva del CTP del 7 de agosto, se vio la propuesta presentada por los transportistas de estudiantes para que les permitan, como antes de la pandemia, al menos brindar servicios ocasionales los fines de semana o tan solo poder usar los vehículos para ir al supermercado a hacer las compras, pues en muchos casos es el único carro familiar.

Sin embargo, según consta un documento del que La Teja tiene copia, la propuesta fue rechazada de manera unánime basados en que dicho permiso podría ser aprovechado para fomentar el transporte irregular de personas.

Una ayudita

Hace dos meses, una soda le dio el chance a Segura de brindar el servicio exprés en una moto, pero gana por comisión, por la cantidad de entregas que hace al día, lo que no le deja demasiado, con costos para cubrir el 70% de la pensión alimentaria que debe cancelar por sus dos hijos.

Además debe cubrir sus gastos personales y no le da para pagar otros dos créditos.

“Siempre he dado la cara y he buscado cómo lograr un arreglo de pago, pero no son sencillos los requisitos que piden y menos conseguir un fiador en estos tiempos”, contó el busetero.

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Muchos en las mismas

Como Cristian, hay muchos casos más, contó Jesús Campos, representante de un grupo de transportistas de estudiantes y turismo, quien dijo que muchos compañeros están a punto de que les quiten las busetas porque no han logrado pagar sus préstamos.

El representante de los buseteros explicó que las unidades se están deteriorando por estar guardadas.

También están pidiendo al CTP que el monto que deben pagar por el permiso, se les cobre solo por los meses que trabajaron.

“Además tenemos que ir a RTV, que la debemos llevar cada seis meses y para qué si ni la hemos usado. La Caja nos hizo un rebajo en el cobro por unos meses, pero ya lo normalizó, el único que no nos está cobrando el seguro es el INS, por dicha”, comentó Campos.

De las más afectadas por esta situación son las mujeres que son jefas de hogar, que con este brete sacaban adelante a sus hijos. Actualmente unas 250 mujeres integran la asociación, del total de 850 miembros.

“A los que trabajaban para el Mep y Cencinai, algo les han dado, pero los que trabajan directamente para los colegios son los que han tenido cero ingresos. Pensando que por este año no van a regresar las clases, ese grupo se va a quedar en el aire hasta febrero del próximo año”, finalizó don Jesús.

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