El caso Barrenador, en el que figura Marta Esquivel —expresidenta ejecutiva de la Caja y actual aspirante a diputada en 2026 por el partido Pueblo Soberano (PPSO)—, sigue bajo investigación. Este jueves 28 de agosto, las autoridades judiciales realizaron nuevos allanamientos relacionados con el proceso.
Los agentes de la sección de Anticorrupción del OIJ y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción iniciaron seis allanamientos desde las 6 a. m. de este jueves.
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Tres de estos son en viviendas en Guadalupe de Goicoechea, barrio México y Aserrí; los otros tres son en las oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en oficinas centrales y en barrio Don Bosco.
Esta continuación se debe a los supuestos delitos de sabotaje informático y favorecimiento real.
“El 23 de setiembre del 2024 se efectuó una diligencia de 28 allanamientos ordenada por el Juzgado Penal de Hacienda, a efecto de respaldar información de diferentes sistemas informáticos y sus bases de datos de varios funcionarios, entre estos las de un hombre de apellido Herrera, la cuenta electrónica de este, aparentemente habría sido desabilitada durante el allanamiento, a pesar de que la cuenta se encontraba bloqueada a efectos del operativo judicial”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.
Herrera, en apariencia, es asesor de la gerencia médica de la CCSS.
De momento, no hay personas detenidas, solo el decomiso de evidencia.
Hay que recordar que en este caso se está investigando una supuesta red de tráfico de influencias y corrupción, tras una denuncia que reveló contratos con sobreprecio de 12.400 millones de colones anuales, para la administración de 138 EBAIS.
Al parecer, los directivos de la Caja presionaron para que se adjudicaran estos contratos a una serie de cooperativas.
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