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El balneario San Lucas Beach Club de Puntarenas, el cual está clausurado desde enero de este año, volvió a causar polémica este lunes con el allanamiento realizado por el OIJ y la Fiscalía a la muni de Puntarenas.
Las autoridades ingresaron a las 10 a. m., en busca de evidencia sobre una supuesta irregularidad con respecto a la concesión de este balneario. En el operativo participaron ocho agentes y varios fiscales.
Los investigadores sacaron de inmediato a todo el personal de la muni, pero primero les advirtieron que no tocaran nada y que dejaran las compus tal y como estaban.
“La Fiscalía Adjunta de Puntarenas realizó un allanamiento en varios departamentos de la municipalidad con motivo de una posible irregularidad en la concesión con el balneario de Puntarenas”, indicó la Fiscalía en un correo electrónico.
El Ministerio Público confirmó que esta investigación se lleva a cabo en contra del alcalde Randall Matarrita Chavarría y un ingeniero municipal de apellido Gutiérrez, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
El alcalde porteño llegó a la muni en el preciso momento que se realizaba el allanamiento y tan solo comentó que no sabía qué era lo que sucedía.
“Vengo con tranquilidad a darle la cara a los agentes y a la Fiscalía, no sé cuál es la causa del allanamiento, pero estoy a disposición de verificar y revisar todo” dijo Matarrita.
De acuerdo con la Fiscalía, el allanamiento se extendió hasta las 4 de la tarde y en este se logró decomisar evidencia de mucha importancia para la investigación, como computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento. Ninguna persona fue detenida.
Aunque el Ministerio Público no reveló mayores detalles sobre el caso, se presume que la investigación tiene que ver con el hecho de que la municipalidad no ha realizado los trámites necesarios para hacerse cargo del balneario ni de las reparaciones que necesita.
El balneario fue clausurado por el ministerio de Salud en enero de este año, indicando que el lugar no contaba con le permiso de la institución para seguir funcionando, pues se consideraba que ponía en riesgo la salud de los visitantes.
Además, se determinó que el lugar presentaba deficiencias físicas y sanitarias en las piscinas, el restaurante y la planta de tratamiento de aguas.
