Este miércoles, la presidenta Laura Fernández emitió una orden para que todos los oficiales de los distintos cuerpos policiales del país roten y cambien de sede de trabajo cada tres meses.
La mandataria dio a conocer esta decisión durante la conferencia de prensa de este miércoles, indicando que se trata de una medida para luchar contra la corrupción.
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“Quiero pedirles a ustedes, que trasladen la instrucción a las unidades de recursos humanos y a todos los mandos que tienen a su cargo cuerpos de policía, que vamos a instaurar un sistema de rotación de los policías; ¿qué quiero decir con esto?, que los policías que prestan servicio en Guanacaste se van a ir a trabajar tres meses a Heredia y vamos a establecer una rotación del personal, porque no quiero policías arraigados en las comunidades defendiendo intereses que no sean los de la seguridad nacional”, dijo Fernández.
La orden de la presidenta no cayó en la ANEP-Fuerza Pública, desde donde le respondieron con todo e incluso calificaron esta estrategia como una ocurrencia.
“No nos dejan de sorprender las ocurrencias que la señora presidenta tiene en materia de seguridad, sigue improvisando, seguimos viendo decisiones improvisadas, carentes de criterio técnico y mostrándole a la opinión pública un escenario que no corresponde con la realidad.
“Sin duda alguna está muy mal asesorada la señora presidenta en cuanto a que esta rotación de oficiales de policía no se puede presentar en todos los cuerpos policiales”, dijo Jonathan Flores Asesor sindical de Anep en PCD, Policía de Tránsito y Servicio de Vigilancia Aérea.
Por su parte Benjamín Sevilla, asesor sindical en Fuerza Pública y Policía Penitenciaria, aseguró que este no es el camino para luchar contra la corrupción, pues cientos de oficiales honestos se verán afectados en todo sentido al tener que viajar decenas de kilómetros para moverse entre delegaciones.
“No se vale que traslademos el problema a otras delegaciones o zonas del país, un corrupto no debe ser policía, debe sacarse del ministerio, obviamente garantizándole la presunción de inocencia y el debido proceso.
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“Recuerden que un traslado de forma indiscriminada afecta a sus familias, afecta el arraigo familiar, afecta económicamente a los policías, no se vale que juguemos con la dignidad de los hombres y mujeres que cuidan de la seguridad en Costa Rica”.
En la conferencia de prensa Fernández les dijo a sus ministros que en aproximadamente 15 días les pedirá un informe de resultados de estas acciones.

