En los Tribunales de Goicoechea tuvieron que suspender el análisis de los celulares y las computadoras decomisados en los 57 allanamientos del 14 de junio por el caso Cochinilla.
El frenazo se debe a que el Juzgado Penal de Hacienda aceptó una apelación planteada por la defensa de algunos implicados en el escándalo.
El abogado Erick Gatgens, codefensor de la empresa H Solís, informó que cuestionan que se haya delegado la revisión de la evidencia en oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en fiscales sin que haya un juez presente que dé fe de lo que ocurre.
“Hicimos ver a los fiscales a cargo sobre la apelación realizada, pero ellos hicieron caso omiso. Me parece una barbaridad que procedieran a ejecutar un acto que se encontraba impugnado. Por dicha el juez aceptó la impugnación. Se trata de revisar teléfonos celulares, computadoras y otros aparatos que, en criterio nuestro, debe suponer la presencia del juez y no delegarse a los personeros del OIJ y el Ministerio Público”, dijo Gatgens.
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La apelación fue planteada por Jenny Quirós, exjueza y abogada asesora del apoderado generalísimo de MECO e imputado en la causa José Alfredo Sánchez Zumbado.
A esa apelación se unió Juan Marcos Rivero, codefensor de la empresa H Solís. Otros defensores lo harán en los próximos días.
De esta manera, y mientras no se resuelva la apelación, no se puede revisar el contenido de los aparatos que la Fiscalía Adjunta de Probidad y Antitransparencia pretendía hacer.
“Ya llevaban como un hora abriendo paquetes y, por la resolución del juez, tuvieron que sellar todo otra vez. Yo estuve ahí, en el quinto piso del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea”, añadió Gatgens poco antes del mediodía.
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El lunes de la semana próxima vence el periodo en el cual otros abogados defensores pueden unirse al reclamo. Luego el recurso pasa al Tribunal de Apelación, que señalará una audiencia y, dependiendo de lo que ahí se resuelva, se determinará cuándo comienza la apertura de las pruebas (los aparatos decomisados).
Gatgens también cuestionó que a pesar de que se trataba de apertura de evidencia, que normalmente son presenciales, esta se realizó de manera virtual para casi todos los defensores, con excepción de dos.
Según dijo el abogado, lo correcto es verificar que la custodia de esas evidencias no halla fallado, que contenga todas las firmas y otros detalles. “De forma virtual uno no puede constatar in situ (en el lugar) que se cumplan las formalidades previstas por la ley”, puntualizó.
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La Fiscalía terminó en setiembre la indagatoria a 75 personas relacionadas con este caso y representantes de 12 empresas jurídicas.
En el caso Cochinilla se investigan posibles delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.
Entre el 2018 y el primer trimestre del 2021 esas acciones habrían causado un faltante mayor a los ¢78.000 millones en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).