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El diseño de la nueva cárcel Terrazas 2 en San Rafael de Alajuela no contempla ni un solo cuartico para la visita conyugal y ese es solo uno de los detalles que encontraron los nuevos jerarcas de Justicia.
Terrazas 2 tiene un valor de ₡5.800 millones, dinero que es de las arcas del Registro Nacional y no un préstamo, sin embargo, la construcción se convertiría en algo inservible. Es por eso que el ministro de Justicia Gerald Campos ya solicitó una investigación a la asesoría jurídica del ministerio, para tomar cartas en el asunto.
La viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro, aseguró que la construcción de dicha cárcel fue adjudicada y se notificó al contratista el pasado 6 de mayo, y cuando se empezó a gestionar los permisos fue cuando se dieron cuenta de todo lo que está mal, y que el criterio de lo que necesitaba dicha cárcel se quedó corto. Las primera obras empezaron a principios de este mes.
Terrazas son dos torres de cuatro pisos, en cada torre habría 312 privados de libertad. Las paredes tendrían en su interior estereofón -que es común para casas o apartamentos pero no ideal para los centros penales-, ya que entre las paredes quedan cinco centímetros de espacio que daría a los reos acceso a esconder o a pasarse celulares o aparatos electrónicos.
Además, las escaleras están en un ducto cuyo ancho impediría a los policías pasar con todo su equipo. Tampoco hay un lugar para que duerman los oficiales.
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La zona donde se va a construir es muy caliente y no se contempla una ventilación adecuada. El lugar donde los reos van a lavar la ropa y se van a asolear es de 50 metros en cada piso, es decir, muy pequeño.
Las ventanas son de vidrio transparente, no de policarbonato, y al quebrarse se convierten en un arma; las camas serían de madera lo que las convierte en combustible.
Por otra parte, no se contempla instalación de sistemas de bombeos para que el agua llegue a los pisos superiores, por lo que tendrían que contratar una empresa y eso generaría un gasto extra.
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Tampoco se contempló en el presupuesto ninguna plaza policial ni administrativa.
Campos aseguró que están revisando toda la adjudicación y de ser necesario van a trasladar la situación a las instancias necesarias para que se determine si hay o no un delito.
