Guarito, gallos de carne y de chorizo serían parte de los aparentes sobornos que las empresas constructoras dieron a los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en el 2019.

En el expediente del caso se detalla que para una fiesta del Conavi se otorgaron ¢1,2 millones en efectivo, 10 botellas de licor y 70 kilos de carne y de chorizo.

La actividad se realizó el 28 de noviembre en el centro de recreo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en Coronado.

Las empresas que “se botaron”, aparentemente, fueron MECO, Hermanos Bustamante, supervisora DICOOC, constructora FCC, Administradores Viales Cacisa y Also Frutales.

El guaro y la jama fueron recibidas, supuestamente, por Carlos Solís Murillo, gerente financiero del Conavi. El banquete era a cambio de darle trato preferencial a las facturas de dichas empresas y que estaban en cobro en el departamento financiero del Conavi.

Asfalto defectuoso

El expediente también menciona que tres de las empresas investigadas habrían escondido que la mezcla asfáltica usada en el nuevo paso a desnivel de las Garantías Sociales, en Zapote, estaba defectuosa.

A mediados del 2018 el Conavi adjudicó la construcción de esta obra a Meco por $17,6 millones (unos 10.870 millones de colones). La empresa realizó el trabajo entre el 2019 y el 2020.

Las otras dos organizaciones que habrían metido mano para ocultar el desperfecto de la mezcla asfáltica habrían sido Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y la Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería (Cacisa).

Según la investigación, sabiendo que la mezcla asfáltica colocada no cumplía con las especificaciones solicitadas, funcionarios de estas tres empresas habrían inducido a un error a la administración al ocultar la situación y generar información falsa para no levantar sospecha alguna.

Al parecer, personeros de Meco e ITP habrían pagado dádivas a funcionarios del laboratorio de la empresa Cacisa para la inserción de información falsa en los informes, para que indicaran que la obra estaba siendo ejecutada satisfactoriamente.

Facturas fantasmas

Otro punto que trascendió fue que la empresa Meco, aparentemente, pagaba sobornos a funcionarios del Conavi para agilizar sus negocios y luego recuperaba esa plata por medio de facturas fantasmas que le cobraba al Conavi.

Al parecer, el encargado de estos trámites era un hombre de apellidos Arce Alpízar, quien habría entregado los sobornos y luego creaba las facturas de mentiras a nombre de la firma Trac Pesados.

Al menos cuatro empresas habrían recurrido a Arce Alpízar para hacer lo mismo.

Arce, en apariencia, también recibía ayuda de su hijo, apellidado Arce Barrantes, para hacer el montaje de que la firma Trac Pesados le estaba haciendo trabajos a las constructoras que pagaban los sobornos.

Prisión y medidas

El Ministerio Público terminó su solicitud de medidas cautelares la noche del jueves y pidió un año de prisión preventiva para 14 de los imputados por el caso Cochinilla, entre ellos el dueño de MECO, Carlos Cerdas Araya, y de la propietaria de H. Solís, Mélida Solís Vargas.

La audiencia terminó pasadas las 10 de la noche y este viernes los defensores de los detenidos serán quienes presenten sus argumentos. La audiencia podría terminar este sábado.

Además de Cerdas Araya y Solís Vargas, la Fiscalía también solicitó mantener encerrados por un año a Abel González Carballo, gerente general de MECO; Alejandro Bolaños Salazar, representante legal de MECO; Óscar Martínez Martínez, presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S. A.; Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Conavi y para Tobías Arce Alpízar, trabajador de Meco.

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También para Carmen Madrigal Rímola, directora de Proveeduría del Conavi; Hugo Fallas Zúñiga, de la gerencia de Conservación de Vías y Puentes; William Herrera Chacón, gerente general de Constructora Herrera, de San Carlos; Alister Cervantes Morales, gerente de Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles, Diccoc, y para Elsie Carmona Rivas, Harold Mora Obando y Abarca Quesada, del Conavi.

El Ministerio Público también pidió medidas alternas contra el resto de los sospechosos, que son 16 personas. Las medidas son no acercarse a los testigos, firmar una vez al mes, no salir del país, no firmar contratos durante un año con la administración pública y en el caso de los empleados del Estado, la suspensión del puesto sin goce de salario.

“La petición de las medidas se fundamentó con base en la probabilidad de la autoría de cada una de las personas implicadas, así como los peligros procesales existentes, los cuales, señaló la Fiscalía, son peligro de fuga, de obstaculización de la investigación y continuidad delictiva. La Fiscalía aseguró que las medidas cautelares que requirieron al Juzgado Penal son proporcionales, necesarias y racionales para cada persona imputada, para, de este modo, garantizar el sometimiento y fines del proceso penal de cada una”, explicó la Fiscalía.

El Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública llevan el caso con el expediente 1-000025-1218-PE.