La investigación conocida como caso Dalila permitió descubrir el nivel de violencia con el que operaba una banda que, según las autoridades, mantenía atemorizada a la población de Siquirres, Limón.
Uno de los hechos más impactantes con los que se les relaciona es el asesinato de un hombre de apellido Sánchez, ocurrido en 2024, cuyo cuerpo fue hallado decapitado dentro de una construcción abandonada en esa misma localidad.
De acuerdo con Michael Soto, director interino del OIJ, este no sería el único homicidio atribuido al grupo criminal, pues el grupo también está siendo investigado por dos asesinatos ocurridos en 2026 y no se descarta que aparezcan más casos relacionados.
Soto explicó que la víctima fue llevada mediante un engaño.
“A un hombre lo convocan dos mujeres, él llega en una motocicleta y en determinado momento, aprovechan esa circunstancia de vulnerabilidad; llegan dos hombres, lo introducen en una estructura abandonada y ahí proceden a quitarle la vida de una forma tan cruel”, detalló el jerarca.
Pagaban hasta ¢700 mil por matar
Las autoridades indicaron que la organización pagaba entre ¢500 mil y ¢700 mil por ejecutar homicidios, lo que evidencia una estructura criminal con recursos económicos y capacidad para contratar sicarios.
Mujeres eran utilizadas para introducir droga en cárceles
La investigación también reveló otra práctica atribuida al grupo: la contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad para introducir droga en centros penitenciarios escondida en sus genitales.
A cada mujer le pagaba alrededor de ¢300 mil, mientras que la organización podía obtener ganancias de hasta ¢5 millones por el ingreso de unos 250 gramos de cocaína o marihuana.
Incluso hay un policía penitenciario que está siendo investigado por haber ayudado a esta banda.
El operativo del caso Dalila incluyó múltiples allanamientos y buscó desarticular por completo la estructura criminal que operaba en Siquirres y en otras zonas de Limón.



