EscucharLa investigación del caso Dalila reveló una de las formas en que, presuntamente, operaba la organización criminal desarticulada en Siquirres: la contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad para introducir drogas en centros penitenciarios.
De acuerdo con las autoridades, a cada mujer le pagaban alrededor de ¢300.000 por ingresar sustancias ilícitas ocultas en sus genitales.
Sin embargo, el negocio representaba ganancias mucho mayores para la estructura criminal, pues por el ingreso de unos 250 gramos de cocaína o marihuana podía obtener hasta ¢5 millones.
La banda investigada no solo estaría relacionada con el ingreso de drogas a cárceles, sino también con homicidios, narcotráfico y contrabando de cigarrillos, según detallaron las autoridades judiciales.
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Operativo llegó a varias provincias y cárceles
Como parte de la investigación, el OIJ realizó 39 allanamientos en distintos puntos del país, incluyendo sectores de Guanacaste, zona sur y el Caribe, además de varios centros penitenciarios.
Las diligencias se ejecutaron en las cárceles La Leticia, Sandoval, en Limón, San Sebastián, Terrazas, La Reforma y el centro penal de Liberia.
“Es una investigación importante donde hay una gran cantidad de personas detenidas”, afirmó Michael Soto, director interino del OIJ.
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Las autoridades mantienen como objetivo la detención de 41 personas relacionadas con esta estructura criminal. Hasta el momento, han sido detenidos 37 sospechosos.
El caso Dalila también incluye investigaciones por violentos hechos ocurridos en Siquirres, entre ellos el asesinato de Rasheed Harim Sánchez Scott, un joven de 22 años que fue encontrado decapitado en una capilla de una construcción abandonada en 2024.
