La Sala Constitucional condenó a la Municipalidad de Escazú y a la Policía Municipal de dicho cantón al pago de los daños y perjuicios causados a un hombre que fue detenido de forma ilegal y al que exhibieron al subirlo a la cajuela de una patrulla.

Así fue como los magistrados resolvieron el expediente 23-23696-0007-CO, el cual se abrió el pasado domingo 24 de setiembre luego de que el afectado, cuya identidad no se dio a conocer, presentó un recurso de hábeas corpus por lo sucedido.

Sin detallar la fecha exacta, el hombre indicó que los hechos se dieron mientras él esperaba una procesión infantil de mascaradas, momento en el que unos policías municipales intervinieron a dos habitantes de la calle que estaban borrachos.

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“Refiere el tutelado que el oficial levantó a uno de ellos a la altura del pecho, dejándole caer contra el suelo, lo que le produjo sangrado en su cara. Posteriormente, el señor fue esposado, pese a no haber puesto resistencia en ningún momento”, informó la Sala.

Ante lo sucedido, el afectado, de forma respetuosa, les dijo a los policías que estaban cometiendo un abuso de autoridad, pues los habitantes de la calle no estaban haciendo nada. Además, destacó que los oficiales portaban uniforme, pero ningún distintivo que los identificara.

“Expone que las autoridades recurridas se negaron reiteradamente a brindar los nombres de los policías que intervinieron. También, alega que fue trasladado en el cajón de la unidad policial esposado, violentándose con esto su integridad física y su imagen”.

Exhibido públicamente

Al analizar el caso, los magistrados estimaron que el afectado fue detenido de forma injustificada y arbitraria, ya que este no obstaculizó el accionar de los policías, quienes claramente cometieron un abuso de autoridad.

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Los altos jueces también indicaron que el denunciante fue expuesto públicamente como una persona detenida al ser trasladado en el cajón de la patrulla, incluso delante de su familia y sus hijos.

“En otros términos, al ser trasladado en las condiciones descritas, el tutelado fue sometido a una suerte de escarnio público de forma claramente arbitraria”.

Otro de los puntos destacados por los magistrados es que en al menos cuatro ocasiones el afectado pidió el nombre de los oficiales que participaron en los hechos, pero esta información le fue denegada en varias oportunidades sin justificación válida alguna, impidiéndole con esto la posibilidad de presentar las denuncias que consideraba pertinentes en aquel momento.