La jueza mexicana que presidió la audiencia de este miércoles contra el cura Mauricio Víquez, de 55 años, aún no ha dado su decisión, pero sí ordenó que el sospechoso siga preso.
El proceso se extendió por cinco horas y el abogado defensor de Víquez, Javier Sifuentes, alegó que los delitos sexuales por los que se le acusa en Costa Rica, ya prescribieron, pues habrían ocurrido hace 19 años.
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La jueza tiene hasta diez días para definir si decide extraditar hacia Costa Rica al sacerdote, quien está acusado de cuatro supuestos delitos sexuales.
Así lo dio a conocer la noche de este miércoles el canal Milenio Televisión, que confirmó que la audiencia se llevó a cabo en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, del Circuito Javier Piña y Palacios, en Xochimilco, Ciudad de México.
“Le hicimos saber y ver a la jueza que no están cumplidos los requisitos, ya que les falta uno específico que tiene que ver con el tratado de extradición entre Costa Rica y México, consistente en las órdenes de aprehensión que deben de incluir en copia certificada u orden de detención. Además de que los derechos que tratan de imputarle están prescritos en la ley de Costa Rica”, manifestó Sifuentes al medio de comunicación mexicano.
Rafael Rodríguez, defensor de Víquez en Costa Rica, visitó a su representado el viernes pasado, y dice que se encuentra bien de salud, pero a la vez está preocupado por el hacinamiento que hay en la cárcel en la que está.
Él asegura que el sacerdote duerme en el suelo, ya que el aposento en el que se ubica fue diseñado para cuatro personas y actualmente hay 12.
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A Víquez se le cuestionó por supuestos delitos sexuales en perjuicio de menores desde octubre del año anterior.
La primera denuncia la presentó un hombre de apellidos Alvarado Quirós, quien ahora tiene 27 años.
Después, en la primera semana de agosto, otros tres hombres apellidados Venegas Abarca, Muñoz Quirós y Rodríguez Solera, lo denunciaron ante la Fiscalía por delitos similares.
Las denuncias por los hechos habrían ocurrido de 1993 a 1996, cuando era párroco en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos de La Unión, en Cartago, y de la iglesia de san Juan Bautista, en Patarrá de Desamparados.
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El cura fue vocero de la Iglesia católica en asuntos de familia y reconocido por sus fuertes planteamientos en pos del matrimonio tradicional.
El religioso huyó de Costa Rica el 7 de enero, estuvo en Panamá y luego viajó a México, donde fue detenido el domingo 18 de agosto en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
El Código Penal costarricense establece penas de cuatro a diez años para el delito de abuso sexual, de 10 a 16 años para violación y de 12 a 18 para violación en modalidad calificada.