La defensa del abogado penalista Cristian Manuel Arguedas Arguedas presentó un hábeas corpus ante la Sala Constitucional para cuestionar su traslado a máxima seguridad y, particularmente, los criterios que habría utilizado la Dirección General de Adaptación Social para tomar esa decisión.
Según el recurso presentado por el abogado Federico Campos, una de las razones utilizadas para ubicar a Arguedas en el Circuito de Alta Contención habría sido información obtenida de “fuentes abiertas”, entre ellas publicaciones de medios de comunicación y redes sociales en las que se vinculaba al abogado con el caso Riverside y con la organización atribuida a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.
La defensa asegura que esa información es falsa y sostiene que Arguedas no figura como imputado en el caso Riverside ni existe fundamento para relacionarlo con la organización de López Vega.
El señalamiento cobra especial relevancia debido a que Arguedas sí es investigado actualmente por un caso relacionado con Riverside. El abogado cumple seis meses de prisión preventiva mientras avanza una investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por el presunto delito de procuración de impunidad.
Arguedas fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y es sospechoso de haber actuado como intermediario en un supuesto intento de soborno relacionado con una causa en la que figuran como imputados los hijos de López Vega.
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Según la hipótesis investigada por las autoridades, Arguedas habría planteado la posibilidad de ofrecer dinero a la jueza que conocía la audiencia de medidas cautelares, con el supuesto objetivo de favorecer a Kishna López Tyndall, conocida como Kiki, hija de Pecho de Rata.
Sin embargo, la defensa hace una distinción entre esa investigación y la decisión penitenciaria de enviarlo a Máxima Seguridad. Sus abogados sostienen que la prisión preventiva no significa, por sí misma, que Arguedas deba ser sometido a un régimen de alta contención y reclaman una valoración técnica, objetiva e individualizada.
El recurso señala que Arguedas no tiene antecedentes penales, no representa riesgo de fuga ni de violencia institucional, y además cuestiona el uso de uniforme anaranjado, esposas y otras medidas de sujeción.
La defensa solicita que Arguedas sea reubicado en un régimen de menor contención, que se suspenda el uso del uniforme anaranjado y que las medidas de sujeción sean utilizadas únicamente cuando resulten estrictamente necesarias.
También pide conocer cuáles fueron los criterios técnicos y legales que sustentaron su ingreso al régimen de máxima seguridad e identificar a las autoridades responsables de esa decisión.
El hábeas corpus fue presentado el 3 de agosto y se encuentra en trámite ante la Sala Constitucional.

