Empresas telefónicas y Ministerio de Justicia en pulso por sacar celulares de centros penitenciarios

Dos de las tres empresas de telefonía celular que operan en el país se oponen al bloqueo de la señal celular en las cárceles que promueve el Ministerio de Justicia, porque aseguran que la medida afectaría a los vecinos que viven cerca de los centros penitenciarios.

Pero el tema está más complicado de la cuenta, ya que las compañías alegan que no disponen de los equipos necesarios para llevar a cabo esa tarea.

Pese a lo anterior, el Ministerio de Justicia defiende que la solución definitiva para sacar los celulares de las prisiones es cortando la señal, motivo por el cual la ministra Marcia González, y su colega de Seguridad, Michael Soto, les piden a los diputados que le echen el hombro al proyecto de ley, el cual ya fue aprobado en primer debate.

“Esto tendrá implicaciones con las organizaciones criminales que operan desde los centros penitenciarios, ya que va a impedir que estos grupos tengan comunicación fluida y certera con sus contrapartes en las calles. Además va a evitar que se den fraudes, que se den secuestros, que se ordenen homicidios, porque va a ser algo que impactará positivamente”, aseguró Soto el día que la ley superó a la primera meta.

Por su parte, Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitencia, dice que ellos han estado investigando tecnologías utilizadas en países como Estados Unidos, Israel, Japón, China y Brasil con expertos en este tipo de temas, quienes aseguran que el bloqueo es la mejor medida a pesar de que empresas telefónicas se pongan chúcaras.

“Nosotros sabemos que es posible bloquear la señal en los centros penitenciarios, pero evidentemente las telefónicas no quieren es asumir los costos que eso significaría. El ciudadano debe saber que cada vez que lo llaman por teléfono para amenazarlo, para tratar de estafarlo o para extorsionarlo es mediante un teléfono que una operadora de estas puso en servicio de la comunidad”, argumentó Bertozzi.

El ICE y Movistar se oponen

La Teja consultó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a Movistar y a Claro sobre la posición del Ministerio de Justicia sobre el tema y recibió respuestas diversas.

José Luis Navarro, director de Relaciones Regulatorias del ICE se fue con los tacos de frente al asegurar que el presupuesto de la institución se utiliza para la expansión de las telecomunicaciones y no para la reducción de la telefonía móvil, como lo pretende el proyecto de ley.

“Nuestra empresa ya había planteado al Ministerio de Justicia la posibilidad de implementar una solución a través de una alianza pública-privada con un empresa experta en esta materia, ya que actualmente no se cuenta con este tipo de tecnologías para bloquear la señal”, detalló Navarro.

Entre las ideas planteadas está la implementación de escáneres para controlar el ingreso de teléfonos móviles al tabo.

Otras de las situaciones que preocupa a Navarro es que una vez que se apruebe la ley, las empresas telefónicas tendrán un plazo de nueve meses para: “Adoptar y aplicar los procedimientos y soluciones técnicas que sean necesarios para impedir la prestación de los servicios inalámbricos de telecomunicaciones disponibles al público al interior de los centros penitenciarios”, según detalla el documento que estudian los diputados.

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“Nueve meses son absolutamente insuficientes. Por ejemplo, en Perú, que constituye uno de los casos más exitosos de América Latina, donde el Estado contrató en el 2014 a una empresa especializada en el tema para que desarrollara una solución integral, solo ha logrado poner a funcionar once de los 33 centros penales en un período de cuatro años”, argumentó el funcionario del ICE.

Movistar también se opone al bloqueo, ya que asegura el corte de señal no se puede controlar.

“Técnicamente es posible bloquear la señal celular, no obstante, no podríamos garantizar que el servicio a los usuarios cercanos a los centros penales no sufra afectación esporádica o permanente. Es incorrecto asegurar que el bloqueo pueda limitarse, especialmente cuando se trata de espacios abiertos”, explicó José Pablo Rivera, gerente de regulación de la empresa.

En Claro piensa deja diferente

La telefónica Claro reconoce que no tiene la tecnología necesaria para hacer el bloqueo que solicitan las autoridades, pero asegura está dispuesta a colaborar con el proyecto.

“El bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios si puede impactar las zonas aledañas, pero este va a depender de la tecnología que se utilice. Existen soluciones invasivas, controladas e híbridas.

“Por ejemplo, hay inhibidores de señal que se ponen en el exterior de las cárceles y que son más invasivas ya que tienen un mayor alcance. Una solución híbrida sería la instalación de inhibidores más pequeños dentro de las zonas de interés, ya que afectan una menor cantidad de terreno”, detalló Luis Iván Ortiz, gerente de Ingeniería de Claro.

Ortiz agregó que existen plataformas que hacen una gestión y autorización del servicio dentro del centro; es decir, solo los teléfonos previamente aprobados pueden acceder al servicio de telecomunicaciones, lo que podría ser una muy buena opción.

“Actualmente no contamos en Costa Rica con la tecnología para bloquear la señal celular en las prisiones, por lo que se necesitará coordinar para importarlas y hacer las inversiones necesarias para cumplir con la legislación”, agregó el funcionario.

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Se necesita buen equipo

Ricardo Taylor, consultor en Telecomunicaciones, asegura que técnicamente el bloqueo controlado de la señal celular si es posible.

“Las empresas que dan servicios de telefonía en el país tienen muy buenos fabricantes de tecnología y pienso que pueden traerse equipos al país que bien calibrados podrían bloquear la señal en las cárceles sin afectar a los vecinos.

“Sin embargo, creo que existen otras soluciones que podrían ayudar a eliminar los celulares de las prisiones sin bloquear la señal. Existen escáneres que detectan la señal celular y que son muy precisos, podrían determinar, por ejemplo, que en una celda específica hay uno o dos teléfonos para que así los oficiales vayan a buscarlos y los decomisen”, argumentó el experto.

Taylor agregó que lo mejor es que las autoridades se sienten a conversar y lleguen a un acuerdo con las tres empresas de telecomunicaciones que operan en el país para acordar una solución conveniente para todos.