Una exmodelo de apellidos Cabrera Palma, de 39 años, vuelve a estar en el ojo de las autoridades judiciales como sospechosa de lavar dinero, en apariencia, mediante la venta de vehículos de alta gama.
El caso se remonta al 29 de mayo del 2021, cuando su esposo, Cristhian Jiménez Vargas, alias “Fila”, fue asesinado a balazos en un apartamento en Guachipelín de Escazú.
En septiembre de ese mismo año, Cabrera fue detenida como sospechosa de prostituir mujeres mediante “salas de masajes”, negocio que, presuntamente, mantenía junto con Jiménez.
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Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, explicó que la investigación actual está relacionada con un expediente que tramitó el OIJ de Heredia entre el 2018 y el 2021 por lavado de dinero y proxenetismo. En ese momento, las autoridades ya seguían los pasos de la pareja.
Jiménez fue asesinado antes de ser detenido y, en apariencia, Cabrera, junto con un notario de apellido García Barquero, de 47 años, habría gestionado el traspaso de bienes que estaban a nombre del fallecido.
“Hubo otros movimientos relacionados con la legitimación de capitales por parte de Cabrera. Se logró establecer que hubo traspasos de propiedades que eran de Jiménez. En esto tuvo participación un notario de apellido García y, en aras de evitar que los bienes decomisados fueran mantenidos por las autoridades policiales, se dieron todos estos movimientos”, señaló Muñoz.
Según el jerarca, otra modalidad para legitimar los fondos habría sido la venta de vehículos y un negocio de estética en La Guácima de Alajuela.
Caso Castillo de Princesas
Las autoridades realizaron tres allanamientos y este caso se le conoce como Castillo de Princesas. Los operativos estuvieron dirigidos por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.
El Ministerio Público sostiene que los bienes investigados provendrían del narcotráfico y la explotación sexual, mientras que al notario se le vincula con los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso.
De acuerdo con la investigación fiscal, Cabrera y su esposo se dedicaban a la explotación sexual de mujeres en casas denominadas “salas de masajes”, ubicadas en San Francisco y San Pablo de Heredia.
“Durante el proceso investigativo, la Fiscalía recopiló prueba que acreditaría que el grupo almacenaba y comercializaba cocaína. Las ganancias ilícitas, sumadas a las obtenidas por la explotación sexual, habrían sido introducidas al sistema financiero costarricense mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la creación de sociedades anónimas y múltiples transacciones bancarias. Entre los bienes figuran una vivienda y un vehículo de lujo adquiridos por la imputada”, detalló la Fiscalía.
Cabrera también es señalada como exfuncionaria de un banco estatal.



