EscucharUna funcionaria judicial de apellido Rojas Víquez, especialista en la escena del crimen, habría levantado el cuerpo y recolectado indicios balísticos de un homicidio sin que estuviera presente el juez penal ni existiera una delegación para hacerlo.
El hecho ocurrió en Realengo de Limón y corresponde, según el expediente, a un homicidio doloso que las autoridades investigan como un posible caso de sicariato.
La situación quedó documentada a partir de una conversación que Rojas Víquez habría sostenido el 2 de marzo de 2026 con otra funcionaria del OIJ. Así data en la orden de allanamiento del expediente judicial.
En ella, según el informe, la investigada contó que se le había abierto una causa precisamente por haber atendido aquella escena sin la presencia del juez.
La propia funcionaria habría cuestionado lo ocurrido al señalar: “en qué cabeza cabe, si de aquí salió un montón de gente, cómo no llevaban ni al fiscal ni al juez”.
La otra funcionaria le habría respondido, también sorprendida, preguntando cómo habían podido levantar el cuerpo y realizar el procedimiento sin un juez.
El expediente señala que el libro de novedades de la delegación consignaba que Rojas Víquez tenía la responsabilidad operativa de informar y trasladar al juez penal al sitio, deber que, según la investigación, no habría cumplido.
En la conversación, Rojas Víquez habría mencionado que un juez le advirtió que “es la segunda vez que lo hacen”, en referencia a aparentes problemas con la delegación o el registro de la intervención judicial.
Pero el aspecto que genera mayor preocupación para los investigadores aparece después.
Según el expediente, Rojas Víquez habría manifestado su intención de modificar el libro de novedades para eliminar una constancia relacionada con el caso.
“Voy a revisar y borro que haya estado ella donde ella exponga la constancia”.
Las autoridades consideran que esta manifestación podría ser relevante para determinar si existió una intención de alterar documentación oficial relacionada con la actuación policial.
El homicidio ocurrió en una zona bajo disputa
El expediente también incorpora una entrevista realizada al jefe de la Delegación Regional de Pococí y Guácimo del OIJ, Marco Carrión Hernández.
Según explicó el funcionario a los investigadores, Realengo es una zona marcada por una disputa territorial violenta por el control de la venta de drogas entre un grupo local y personas provenientes de Cartago.
Carrión Hernández habría advertido que cualquier error en el procesamiento de la escena, como realizar el levantamiento del cuerpo sin la presencia ni la delegación de un juez, podría poner en riesgo la validez de la prueba recolectada y eventualmente favorecer a personas investigadas por el crimen.
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Además, el jefe policial identificó dentro de la investigación a una persona que, según información policial, sería la encargada de manejar el sector de Realengo para una estructura vinculada con Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.
El expediente recoge la afirmación de que en esa zona, de acuerdo con el conocimiento policial, determinadas actividades no se realizarían sin el visto bueno de Arias Monge.
Esto no significa que la agente haya actuado para favorecer a dicha organización. Lo que plantea la investigación es que una eventual irregularidad en el manejo de la escena podría terminar beneficiando a integrantes de esa estructura, al comprometer la validez de la prueba.
En este expediente son investigados dos jueces, la investigadora del OIJ cita y la hermana de Diablo. Los dos primeros quedaron libres con medidas cautelares; a la última no se le dictó ninguna.
