Fiscal general Emilia Navas no participará en el caso de supuesto soborno en obras viales

Emilia Navas, fiscal general de la República, no participará en el caso de supuesta corrupción denominado “Cochinilla”, en el cual funcionarios públicos habrían aceptado sobornos de empresas constructoras a cambio de que estas fueran beneficiadas con la asignación de obras viales.

El Ministerio Público explicó que esta decisión se debe a que el esposo de Navas, el abogado penalista Francisco Campos Aguilar, es el representante legal de varias de las empresas que están siendo investigadas por este caso.

“La fiscal general Emilia Navas Aparicio enviará el oficio de inhibitoria para conocer el caso o gestiones del mismo, el próximo jueves 17 de junio, a primera hora de la mañana”, informó la Fiscalía.

LEA MÁS: Esta es la lista completa de investigados en megacaso de presunta corrupción

El Ministerio Público explicó que Navas presentará el documento hasta ese día debido a que desde el viernes de la semana pasada está de vacaciones, ella regresara a su trabajo este miércoles 16 de junio.

“Cabe destacar que la jerarca no se había inhibido antes porque desconocía la existencia de esta investigación, lo cual refleja la independencia que desde el inicio de su gestión dio Navas Aparicio a la Fiscalía Anticorrupción, para proceder conforme la ley lo exija”.

Según la Fiscalía, la decisión de Navas no afectará de ninguna forma el proceso de investigación, pues el caso “Cochinilla” es llevado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y no por la Fiscalía General de la República.

LEA MÁS: Presidente de Meco y apoderada corporativa de H. Solís detenidos por supuestos sobornos y corrupción en obras públicas

De igual forma si la Fiscalía General tuviera que participar en este caso lo haría por medio del nuevo fiscal subrogante, Warner Molina, quien asumirá el cargo de forma oficial a partir de este próximo 18 de junio.

La Policía Judicial presume que este podría ser uno de los casos de corrupción más grandes en la historia del país, pues se habría dado una malversación de fondos de ¢78 mil millones entre los años 2018, 2019 y los primeros meses del 2020.

Al parecer, los funcionarios públicos investigados habrían beneficiado a varias empresas constructoras a cambio de favores sexuales, dinero en efectivo, carros de lujos y hasta viajes.

LEA MÁS: Carlos Alvarado está indignado y molesto por supuestos casos de corrupción