La Fiscalía Penal Juvenil y la Fuerza Pública de San José tienen identificados los centros educativos en los cuales es prioritario enfrentar el tema de la violencia.

Las autoridades le entrarán al problema mediante charlas dirigidas tanto a estudiantes como al personal docente y administrativo.

Con la idea de reforzar la comunicación y la coordinación entre la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil y las delegaciones de Fuerza Pública en la región de San José, se realizó una reunión entre ambas instituciones para hablar del problema.

La reunión fue el 23 de marzo en el Ministerio de Seguridad, participaron las fiscales Debby Garay Boza y Suhelen Brenes García así como personal asesor legal y las jefaturas distritales de la Fuerza Pública.

“Trabajamos en la importancia de recordar y replicar (recordarle) al personal de la Fuerza Pública, a cargo de las jefaturas presentes, la obligación de denunciar las situaciones que podrían constituir delito o contravención en perjuicio de cualquier persona, niño o adolescente para que (haga llegar) la información al personal de la Fuerza Pública”, dijo Garay.

Hechos preocupan

Desde que las clases presenciales regresaron han circulado videos de agresiones entre estudiantes. El hecho más reciente (que no llegó a la agresión) ocurrió este jueves, cuando fueron detenidos seis estudiantes del Liceo del Sur, en barrio Cuba, San José, por amenazar a otro con un cuchillo.

Los estudiantes arrestados --todos de 16 años-- son investigados por tentativa de homicidio. Este viernes seguían a la espera de las medidas cautelares que les pondrían.

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La mañana del jueves 17 de marzo hubo un pleito muy grande en el Instituto de Alajuela que dejó a 23 estudiantes en el hospital San Rafael. El problema se debió a la disputa de un área interna del centro educativo conocida como la media luna.

Este tipo de enfrentamientos preocupan a padres, estudiantes y a las autoridades.

La Fiscalía recordó el deber de denuncia que existe en la función pública y en la importancia de enfrentar la violencia en los centros educativos.

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La Fiscalía también se comprometió a dar la capacitación que necesitan los cuerpos policiales para continuar con la labor preventiva y la intervención de los centros educativos.