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La Fiscalía de Nicoya terminó la acusación contra el alcalde de ese cantón guanacasteco, quien es sospechoso de cometer, nada más y nada menos, que 21 delitos.
La investigación incluye no solo cargos contra el funcionario público, de apellido Jiménez, sino también contra tres trabajadores más de la municipalidad y una abogada.
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Jiménez, quien cumple medidas cautelares, fue acusado, entre otros, por seis delitos de prevaricato (ordenar algo a sabiendas de que es injusto o contrario a la ley), en relación con el nombramiento de una persona en una plaza vacante.
Además, tres abusos sexuales en apariencia cometidos contra una funcionaria municipal y dos delitos de abuso de autoridad por clausurar ilegalmente una construcción del Ministerio de Justicia en el cantón.
Ahora que todos los involucrados conocen las acusaciones, los ofendidos, incluida la Procuraduría General de la República, cuentan con tres días para decidir si presentan una acción civil resarcitoria (pedir plata) para cobrar una indemnización por los daños sufridos, o si desean presentar una acusación individual.
Otros sospechosos
El Ministerio Público informó que los otros acusados son un hombre de apellido Montero, quien al momento de los hechos era funcionario del MINAE; él es sospechoso de un delito de concusión, es decir, que abusando de su cargo indujo a alguien a dar o prometer algún beneficio a él o a un tercero. También es investigado de peculado (malversación de fondos públicos).
Las autoridades judiciales acusaron por falsedad ideológica agravada a un funcionario del Departamento de Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad, de apellido Guillén, y a una perito de la Muni apellidada Briceño.
La acusación incluye a una abogada, de apellido Mora, por cuatro delitos de pago irregular de contratos administrativos.
Hace un año, el 13 de junio del 2017, la Fiscalía realizó una serie de allanamientos en la alcaldía de Nicoya en los que se logró reunir evidencia y detener a Jiménez, contra quien solicitó las medidas cautelares de suspensión del cargo, no ingresar al edificio municipal y no acercarse ni perturbar a testigos del proceso; estas medidas fueron prorrogadas por dos meses más a petición del Ministerio Público.
Un juez analizará el caso y decidirá si a Jiménez y los otros investigados los sienta en la silla caliente.
