La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen un allanamiento en cinco departamentos administrativos de la Asamblea Legislativa por la supuesta contratación de servicios no entregados en su totalidad por el contratista.
De acuerdo con la investigación, el caso responde a una licitación de equipo tecnológico adquirido por la Asamblea Legislativa por un monto de ¢225 millones. El equipo fue pagado pero el Congreso no recibió la totalidad de lo pactado.
Se investiga a funcionarios públicos ligados con los hechos investigados; pero no habrá detenciones -por el momento-.
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El allanamiento tiene como finalidad el registro y secuestro para obtener prueba documental y digital.
Esta investigación corresponde a la causa judicial 22-000020-1218-PE, por los presuntos delitos de pago irregular de contratos, tráfico de influencias y falsedad ideológica.