Adrían Galeano Calvo.27 noviembre, 2018
La Fiscalía busca evidencias que confirmen la hipótesis que manejan. Foto: José Cordero.
La Fiscalía busca evidencias que confirmen la hipótesis que manejan. Foto: José Cordero.

Cuatro allanamientos que llevó a cabo el Ministerio Público para buscar evidencias relacionadas con el caso conocido como “Pifia ruta 257” tuvo bien movida la mañana de este martes.

Este caso investiga el camino que une a la ruta 32 (San José - Limón) con la nueva terminal de contenedores de Moín, por el cual el Estado tuvo que pagar $14 millones de más (más de ¢8 mil millones) porque había quedado a medio palo.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que los allanamientos se realizaron en las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías MECO S.A. y Puentes y Calzadas.

“No podemos referirnos al respecto porque está en investigación en este momento, el allanamiento fue pasivo y todos los funcionarios fueron enviados a sus casas, excepto las jefaturas que los del OIJ necesitan que estén dentro de la institución para que les faciliten algún expediente. El Conavi esta abierto a dar todas las informaciones que se necesiten para la investigación”, dijo Adriana Castillo, vocera de Conavi.

De acuerdo con la Fiscalía, el Consejo Nacional de Vialidad llevó a cabo una licitación para buscar una empresa que se encargara de desarrollar este tramo y luego de analizar las propuestas se tomó la decisión de entregarle el proyecto al Consorcio Atlántico Ruta 257.

Los agentes del OIJ buscaron documentos e información en computadoras. Foto: José Cordero.
Los agentes del OIJ buscaron documentos e información en computadoras. Foto: José Cordero.

El problema se dio porque la licitación, con un precio inicial de $71.857.500 (más de ¢43 mil millones), no cumplió con el objetivo de completar la ruta hasta la terminal de contenedores, les faltó unos 80 metros que impedían el acceso.

“En consecuencia, el Estado costarricense tuvo que asumir el pago adicional de catorce millones de dólares, correspondientes al valor del diseño y construcción de la porción de terreno (más de ochenta metros) que no fue contemplada inicialmente para lograr la conexión”, indicó el Ministerio Público.

La Fiscalía indicó que la hipótesis que se maneja es que no existieron errores en el diseño de este tramo, sino que desde un inicio la empresa que tenía que desarrollar el proyecto ya sabía que iba a faltar ese pedazo y a pesar de eso continuó con los trabajos, sabiendo las consecuencias que le provocaría al país.

“De momento no hay personas imputadas. Las pruebas que se decomisen hoy serán analizadas por el Departamento de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial”, añadió el Ministerio Público

Además, señaló que el delito que están investigando es influencia contra la Hacienda Pública, regulado en la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.