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Diego Miranda, regidor de la Municipalidad de San José, presentó una moción este martes 16 de noviembre ante el Concejo Municipal para convocar a un plebiscito (votación) para que los josefinos decidan si se destituye al alcalde Johnny Araya o no.
Araya se mantiene detenido junto a cinco alcaldes más, funcionarios municipales y dos empresarios en relación con el caso Diamante, en el que se investiga a los sospechosos por supuestas irregularidades en contratos de obras públicas municipales con la empresa MECO.
En sus redes sociales, el regidor aseguró saber que mucha gente lo apoya en la idea de “abrir una nueva etapa en la alcaldía de San José”.
Para que dicha moción sea admitida se necesita la firma de una tercera parte de los regidores, para su aprobación se requieren los votos de las dos terceras partes y los regidores son 11.
Miranda propone adelantar la solicitud pues es consciente de que las posibles medidas cautelares contra Araya y los demás sospechosos tardarán en llegar algunos días.
En el documento presentado por Miranda, del cual La Teja tiene una copia, se hace referencia a la detención del alcalde y a los allanamientos del lunes en la municipalidad josefina.
“En agosto del 2021, la Contraloría General de la República sancionó con una suspensión sin goce de salario al alcalde de San José, Johnny Francisco Araya; al vicealcalde y gerente Mario Vargas Serrano y a otros altos funcionarios de la Municipalidad de San José por realizar un pago de indemnización a la empresa española Setex Aparki S. A. sin los debidos estudios técnicos que fundamentaran dicha acción administrativa”, dice la moción.
Miranda asegura que la situación judicial de Araya genera un clima inestable en la municipalidad al encontrarse “sin su cabeza y responsable administrativo por un tiempo indefinido”; sostiene que la ciudadanía tiene derecho a elegir.
El regidor dijo que cuando se destapó el caso Cochinilla, él les dijo a Araya y a los regidores que debían investigarse los contratos de MECO en San José, ante posibles irregularidades, y lo tacharon de incómodo.
El Concejo empezó a sesionar a las 5 de está tarde y al cierre de esta nota se mantenía así; si Miranda no conseguía que su moción se analizara este martes la pulsearía la próxima semana.
El Tribunal Supremo de Elecciones informó que la decisión de convocar a un plebiscito la debe tomar el Concejo Municipal.
Por otra parte, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó la mañana de este martes 16 que solicitará medidas cautelares contra los seis alcaldes, los cinco funcionarios municipales y los dos empresarios detenidos el lunes.
Si hay solicitud de prisión preventiva, esto se sabrá hasta que termine la audiencia, que se inició a las 10:30 a.m. de este martes. Es contra los alcaldes Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Alberto Cole (Osa), Alfredo Córdoba (San Carlos), Arnoldo Barahona (Escazú) y Humberto Soto (Alajuela), quienes durmieron en celdas judiciales.
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La lista la completan un hombre apellidado Gutiérrez Vargas, gerente de la planta de asfalto de MECO; un empresario de apellidos Cruz Porras, de la compañía Explotec; un funcionario de la muni de Escazú apellidado Boraschi González; un empleado de la muni de Alajuela de apellidos Chacón Ugalde; un trabajador de la municipalidad de San José apellidado Castro Camacho y dos funcionarios de la municipalidad de Golfito de apellidos Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga.
“De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, se investiga una organización que operó en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas (regalos) o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública.
“Se indagan al menos quince proyectos en las ocho municipalidades investigadas: San José, San Carlos, Cartago, Osa, Golfito, Alajuela, Escazú y Siquirres”, detalló la Fiscalía.
El comunicado de la Fiscalía añade: “Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
“A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos”.
La audiencia contra los sospechosos estuvo suspendida porque los abogados defensores presentaron una recusación contra la jueza Yuliana Jiménez porque ella estuvo resolviendo acciones del OIJ antes de los allanamientos; sin embargo, fue rechazada y la jueza siguió.
La Fiscalía también informó que este martes siguieron los operativos en las municipalidades de San José y Escazú y en la empresa Explotec, en San Ramón.
Los delitos que se investigan son cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
