Sucesos

Los Simpson lo hicieron de nuevo, predijeron el caso de supuesta corrupción “Diamante”

El OIJ dice que este caso se lleva en paralelo a la investigación que se mantiene por el llamado caso “Cochinilla”

Los Simpson lo hicieron una vez más y predijeron, de alguna manera, lo que pasaría con los seis alcaldes ticos que fueron detenidos por supuestas irregularidades en contratos de obra pública con los que, al parecer, beneficiaron a la constructora Meco.

Este lunes en la mañana, cuando el OIJ anunció la detención de los alcaldes Johnny Araya (San José), Mario Redondo (Cartago), Alberto Cole (Osa), Alfredo Córdoba (San Carlos), Arnoldo Barahona (Escazú) y Humberto Soto (Alajuela) y dijeron que la investigación fue llamada casa Diamante, más de uno la ligó con el alcalde de Springfield.

La serie de bichos amarillos, que tiene fama de pegar lo que pasará en el futuro en la vida real, tiene como uno de sus personajes a Joe Quimby, más conocido como el alcalde Diamante, cuya característica principal es que le gusta la plata fácil (y las bellas damas).

Al político, quien lleva toda la vida siendo el máximo mandatario de Springfield, más de una vez le ha caído la Policía a su oficina.

Quimby es un personaje sin escrúpulos, recibe platas, usó fondos públicos para asesinar a un adversario y vendió leche de rata en las escuelas. Toda una ficha.

Incluso, en un capítulo, un grupo de intelectuales lo visita y le dice que ya saben toda la verdad, por lo que Diamante, sin esperar a escuchar lo que le tienen que decir, sale corriendo, luego se monta en un caballo y finalmente huye en un avión, pues sabe que tiene mucha cola que le majen.

Johnny Araya, alcalde de San José, Mario Redondo, alcalde de Cartago; Humberto Soto, alcalde de Alajuela; Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos y Alberto Cole, alcalde de Osa y Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú. Fotos Archivo.

Otras características del alcalde de Springfield es que le gusta mucho la fiesta y las actividades sociales y que por más que el pueblo sabe que es muy corrupto, nunca lo logran quitar del cargo.

Por eso, y a pesar de que el OIJ aseguró que no llamó el caso Diamante por el personaje de Los Simpson, muchos vincularon el escándalo de este lunes con Los Simpson, aunque lamentablemente y a diferencia de la serie, esto en lugar de hacernos reír, nos decepciona, ya que cada vez son más casos de corrupción los que salen a la luz en Tiquicia.

¿Por qué se llama caso Diamante?

Wálter Espinoza, director del OIJ, explicó porque los operativos realizados este lunes por supuestas irregularidades entre alcaldes y la empresa Meco en obras públicas se llama caso Diamante.

Espinoza dijo que el nombre del caso lo escogen los agentes que llevan la investigación, y que este se debe a que el diamante es transparente, muy duro, difícil de alterar y no soporta rayaduras.

Aseguró que así debe ser la probidad (honradez, integridad) de un funcionario público, que debe ser clara, pura y alejada de todos los golpes como los que está recibiendo el país, haciendo alusión a los últimos casos investigados.

Sin embargo, en las redes sociales la gente ha pensado que el caso se llama así porque los agentes se acordaron del alcalde Diamante, que según la serie fue elegido desde 1986 y nunca hizo nada bueno por Springfield, además Homero y los otros personajes lo tachan de corrupto.

De Springfield a Costa Rica

La ficción de Los Simpson se convirtió en una realidad para Costa Rica la mañana de este lunes, luego de que el OIJ y el Ministerio Público revelaran el caso Diamante al allanar 40 lugares, entre los que destacaban las municipalidades de San José, Escazú, Siquirres, Cartago, Osa, Golfito, San Carlos, Sarapiquí y Alajuela.


—  600 investigadores del OIJ y 32 fiscales participaron en el megaoperativo de este lunes.

La Policía Judicial informó que durante el megaoperativo detuvieron a trece sospechosos, incluidos los seis alcaldes ya mencionados.

Allanamientos por caso Diamante. Foto OIJ.

La lista la completan un hombre apellidado Gutiérrez Vargas, gerente de la planta de asfalto de Meco; un empresario de apellidos Cruz Porras, de la compañía Explotec; un funcionario de la muni de Escazú apellidado Boraschi González; un empleado del municipio de Alajuela de apellidos Chacón Ugalde; un trabajador de la municipalidad de San José apellidado Castro Camacho y dos funcionarios de la municipalidad de Golfito de apellidos Suárez Vásquez y Mayorga Mayorga.

El director del OIJ explicó que además de allanar las municipalidades también intervinieron las viviendas de los alcaldes, incluida la de Araya, ubicada en Rohrmoser, con el fin de decomisar evidencia documental para el caso.

“También vamos a tener presencia en varias empresas que se dedican al procesamiento o mezcla de asfalto en La Uruca, Guápiles, Aguas Zarcas, Río Claro y también vamos a hacer un allanamiento en la empresa Explotec, en San Ramón”, añadió.

Allanamientos por caso Diamante. Foto OIJ.

Los agentes también intervinieron las oficinas del Mopt-BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para obtener pruebas relacionadas con unas obras que se realizaron en la Municipalidad de San Carlos mediante préstamos obtenidos en dicha institución.

Más de dos años investigando

La investigación por este caso inició en abril del 2019 y finalizó en agosto de este año y aunque los hechos son muy similares a los que se investigan en el caso Cochinilla, el director del OIJ aseguró que ambas causas son independientes.

“Lo que se pretende es desentrañar y esclarecer hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, a gobiernos locales y funcionarios públicos vinculados con acciones de obra pública que de alguna manera se vincularon con Meco para efectos de favorecerlos en temas de licitaciones, pago adelantado de facturas, inicio adelantado de obras públicas y en la realización de una serie de actividades que son eventualmente constitutivas de delito”, detalló.

Por su parte Glen Calvo, fiscal Anticorrupción, explicó que, de momento, la supuesta organización criminal es ligada con 15 proyectos realizados en las municipalidades investigadas.

“Son proyectos tanto de infraestructura vial como de conservación vial y de construcción de obra pública, específicamente aceras, parques y calles municipales”, añadió.

Calvo mencionó que en el caso Diamante también figuran como imputados Carlos Cerdas, dueño de Meco, y uno de sus gerentes de apellido Bolaños, ambos también son investigados por el caso Cochinilla. El empresario está cumpliendo cinco meses de prisión preventiva en La Reforma por el caso de supuesta corrupción relacionado con Conavi.

“Hay imputados que aparecen en las dos causas, que están relacionados en el caso Cochinilla como en este caso, van a ser indagados posteriormente una vez que terminemos los allanamientos y hagamos el análisis de la prueba”, aseguró Calvo.

Eje en común

El fiscal señaló que los supuestos acuerdos ilegales entre Meco y las mencionadas municipalidades se habrían dado por medio de la intervención de algunos empleados de la constructora, especialmente del gerente apellidado Gutiérrez Vargas.

“Funcionarios de Meco ejercían los controles necesarios sobre las licitaciones de los funcionarios municipales, dialogaban directamente con los alcaldes o con los funcionarios con el fin de poder influir directamente tanto como para la adquisición de licitaciones y de trabajos de competición rápida, así como para la agilización de los pagos de facturas”, añadió.

También dijo que, al igual que pasaba en el caso Cochinilla, los funcionarios municipales habrían recibido sobornos a cambio de favorecer a la empresa constructora.

“La estructura criminal funcionaba como un enlace entre la empresa, los alcaldes y los funcionarios que recibían ventajas de diferentes tipos, entre ellas construcciones en sus viviendas, dinero en efectivo, vehículos y hasta favores de otra índole dentro de la comunidad en la que viven”, añadió.

El director del OIJ aclaró que en este caso no existen conexiones ilegales entre las municipalidades, es decir, al parecer, cada uno de los municipios negoció por aparte con la empresa constructora.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que los trece sospechosos fueron llevados al Segundo Circuito Judicial de San José (Tribunales de Goicoechea) donde permanecerán a la espera de que se realice una audiencia de solicitud de medidas cautelares.

Según el Ministerio Público, los imputados son investigados por los presuntos delitos de cohecho (funcionario público que recibe un soborno por hacer algo), tráfico de influencias y penalidad del corruptor (ofrecer un soborno a un funcionario público).

*Colaboraron los corresponsales Keyna Calderón Édgar Chinchilla, Francisco Barrantes y Reyner Montero.

Adrián Galeano Calvo

Periodista

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

Erick Quirós

Periodista de espectáculos con experiencia en coberturas deportivas. Trabaja en Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.