EscucharLa Fiscalía Adjunta Ambiental consiguió que se ordenaran una serie de medidas cautelares para proteger un área de bosque en Talamanca, como parte del caso conocido como Gandoca-Manzanillo.
La decisión fue confirmada la mañana de este 27 de abril del 2026, tras una nueva audiencia en el proceso que se tramita bajo el expediente 24-000003-1851-PE.
En una primera audiencia realizada en julio del 2024, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial había rechazado la solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la resolución y el Tribunal Penal le dio la razón, anulando ese fallo y ordenando la realización de una nueva audiencia, la cual se llevó a cabo el pasado 23 de abril.
Tras ese nuevo análisis, el Juzgado acogió la petición fiscal y dictó varias medidas cautelares con el objetivo de frenar posibles daños ambientales.
Entre ellas destaca la suspensión de los efectos de permisos de aprovechamiento forestal, así como de una resolución administrativa emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
Además, se ordenó detener cualquier trámite de permisos sobre las fincas investigadas, incluyendo la gestión de planos y autorizaciones municipales. También se dispuso anotar el proceso penal en las propiedades involucradas y se instruyó al SINAC a clausurar un camino interno dentro de los terrenos, con el fin de evitar su uso y permitir la regeneración natural del bosque.
Estas acciones buscan evitar un mayor deterioro ambiental mientras se desarrolla la investigación.
El caso se sigue contra cinco personas: un empresario de apellido Pacheco, tres funcionarios del SINAC identificados como Salas, Campbell y Cruz, así como un regente forestal apellidado Camacho.
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Según la investigación, el particular, con apoyo del regente, habría solicitado permiso para el aprovechamiento de 94 árboles ante el Área de Conservación La Amistad Caribe. No obstante, en ese momento se les advirtió que el terreno correspondía a un área de bosque con ecosistema de humedal, lo que impedía legalmente otorgar la autorización.
Pese a ello, posteriormente, se habría presentado otra gestión en la que se cambió la condición del terreno, asegurando que se trataba de un sistema agroforestal. Esto permitió la emisión de actos administrativos que ahora son objeto de investigación.
