EscucharEl Gobierno dará marcha atrás con la retención de ¢3.053 millones del presupuesto del Poder Judicial, recursos que la institución había señalado como necesarios para enfrentar el crimen organizado y fortalecer sus acciones.
La decisión trascendió días después del plantón realizado el 6 de agosto, en el que muchas personas defendieron la división de poderes frente a varias sedes del Poder Judicial en Costa Rica. La mayor representación fue en la Plaza de la Democracia, en el centro de San José.
El Ministerio de Hacienda informó al Poder Judicial que finalmente liberará el presupuesto institucional de 2026 que había retenido como parte de las medidas adoptadas ante la situación fiscal que atraviesa el país.
El jueves 6 de agosto, en horas de la noche, mediante el oficio MH-DGPN-UAPP-OF-0012-2026, Hacienda comunicó que liberaría el 10% restante de la cuota correspondiente al III trimestre, por un monto de ¢1.526 millones.
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Posteriormente, mediante el oficio MH-DGPN-DG-OF-0331-2026, fechado el 11 de agosto, el Director de Presupuesto Nacional confirmó que la cuota correspondiente al IV trimestre de 2026 también será liberada en su totalidad por otros ¢1.526 millones.
De esta manera, los ¢3.053 millones que Hacienda había anunciado que retendría serán ahora girados al Poder Judicial.
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La institución advierte que la decisión llega después de que ya se habían realizado ajustes para enfrentar la retención y que ahora será necesario revertir parte de esas medidas.
Para atender los efectos del recorte del 10% en las cuotas del tercer y cuarto trimestre, el Poder Judicial realizó un análisis de las partidas y subpartidas que se verían afectadas en sus diferentes programas.
Esto obligó a reprogramar compras y planes de trabajo en distintas áreas de la institución, entre ellas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública.
El dinero no es adicional
El Poder Judicial aclaró que los ¢3.053 millones no representan recursos adicionales, un aumento presupuestario ni una nueva asignación de fondos.
Se trata de dinero que ya había sido aprobado, incorporado, programado y comprometido dentro del presupuesto institucional para 2026.
La institución también hizo una precisión sobre los ¢13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder el pasado 27 de junio como contribución al esfuerzo fiscal del país.
Ese monto se mantiene y no tiene relación con los ¢3.053 millones cuya retención fue anunciada posteriormente por Hacienda. Se trata de decisiones presupuestarias distintas.
Poder Judicial ya había presentado un recurso
La retención de los ¢3.053 millones fue comunicada a la Corte Plena el pasado 20 de julio. En esa sesión se expusieron las posibles afectaciones, particularmente en la prestación del servicio de justicia y en las acciones para enfrentar el crimen organizado.
El 28 de julio, la Presidencia de la Corte presentó ante la Dirección de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional un recurso de revocatoria, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar.
Aunque ese recurso todavía no ha sido resuelto, Hacienda comunicó posteriormente que liberará la totalidad de los recursos.
El Poder Judicial señaló que continuará ejerciendo las acciones que correspondan en la vía legal para resguardar los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de justicia y fortalecer las acciones contra el crimen organizado.
