EscucharCuatro oficiales de la Fuerza Pública están siendo investigados por la muerte de un adolescente de 17 años.
La Sección de Homicidios del OIJ de San José detuvo a los uniformados este jueves 25 de febrero, pero trascendió hasta este viernes, cuando el juzgado les impuso medidas cautelares.
Los oficiales tienen impedimento de salida del país, deberán mantener domicilio fijo y tendrán prohibido acercarse o perturbar a testigos del proceso.
A ellos los identificaron con los apellidos Vargas Fernández, detenido en la Escuela Nacional de Policías, en Guápiles; Chaves Zúñiga, quien fue arrestado en la delegación de Naranjo; Valverde Oporta, detenido en su casa, en Aserrí y Mora Salas en la delegación de Curridabat.
Los uniformados atendieron una llamada por violencia doméstica en los condominios El Abrevadero en Curridabat, al parecer, la mamá del muchacho fue quien llamó para pedir ayuda.
De acuerdo con un video, cuando la Policía llegó el muchacho estaba en la sala del apartamento y tenía amarrado en sus manos un destornillador y unas tijeras, luego de que los policías le insistieron que los soltara, el muchacho dijo que iría al cuarto.
Los uniformados le insistieron que no lo hiciera, aún así él camina hacia la cocina, momento en que los policías se le tiran encima, el muchacho se logra zafar y corre a un cuarto, los uniformados se fueron detrás de él, después se escucharon unos gritos y balazos.
La Fiscalía los investiga por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Esta situación ocurrió el jueves 10 de setiembre del 2020, a las 11:50 de la noche, en ese momento el OIJ informó que los policías se defendieron de la agresión.
“Aparentemente el menor se puso violento y, al parecer, atacó a los oficiales con un destornillador y unas tijeras que portaba. Ante esa situación los oficiales se defendieron con sus armas de reglamento y le dispararon al menor, quien falleció de dos impactos de bala en la cabeza”, informó la oficina de prensa del OIJ.
Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, explicó que cada vez que un oficial de Fuerza Pública hace uso del arma de reglamento se inicia una investigación.
“En este caso hay una investigación judicial porque una persona perdió la vida, el OIJ encontró elementos suficientes para abrir una causa contra estos funcionarios, aparentemente por un uso excesivo de la fuerza”, dijo Calderón.
¿Legítima Defensa?
El abogado penalista Rodrigo Araya vio el video de lo que ocurrió y señaló que el artículo 28 del Código Penal prevé la legítima defensa como una causa de justificación.
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“Se ha dicho que la persona que lamentablemente fallece, agredió o intentó agredir con unos cuchillos a unos policías y es cuando detonan sus armas de reglamento y le causan la muerte, para que pueda operar la causa de legítima defensa se requiere una acción ilegítima y además que la víctima repela ese ataque por un medio razonable.
“Aquí, a mi juicio pareciera que sí se dan los requisitos para una legítima defensa, pero también hay que analizar si efectivamente estos agentes actuaron en un exceso de defensa, esto es cuando los agentes van más allá de repeler una agresión ilegítima y podrían haber existido medidas o medios menos graves para contener una agresión, le tocará a una fiscalía o al juez decidir si se dan estos requisitos”, explicó Araya.
