EscucharEl exdirector del OIJ, Randall Zúñiga, se pronunció luego de que la Corte Plena revocara su nombramiento y aseguró que la decisión tomada en su contra no está relacionada con los casos más mediáticos que se han mencionado públicamente durante los últimos meses.
“Ante la revocatoria de mi nombramiento decidida por la Corte, considero necesario aclarar respetuosamente varios aspectos, especialmente porque durante meses se han mezclado públicamente hechos, procesos y señalamientos que no corresponden a lo resuelto en este procedimiento disciplinario”, manifestó Zúñiga.
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Niega relación con casos mediáticos
El exjerarca afirmó que la decisión no tiene relación con el reportaje difundido por OPA los días 28 y 29 de octubre del 2025 sobre supuestas violaciones sexuales.
Además, aseguró que durante el procedimiento tampoco se discutieron situaciones relacionadas con los casos de Kimberly Araya, Julieta Fernández, Nadia Peraza ni los primos Barboza.
“Tampoco se discutió si se habían enviado fotografías de cadáveres o se hubiera alertado sobre allanamientos como se indicó en ese programa”, sostuvo.
Según explicó, el juicio relacionado con esos señalamientos iniciará el próximo 25 de mayo del 2026.
“Se me trasladaron 50 cargos y solo sancionaron seis”
Zúñiga indicó que en el proceso disciplinario se le trasladaron 50 cargos, aunque finalmente se le sancionó por seis de ellos.
“Esto es como si a una persona lo llevan a juicio por robo, como no logran encontrarlo culpable por esto, entonces lo condenan por evasión fiscal a pesar de que no formaba parte de la acusación”, comparó.
El exdirector insistió en que no se demostró que hubiera revelado información secreta o confidencial.
“No se demostró que mi persona hubiera revelado información secreta, confidencial o desconocida públicamente de previo”, agregó.
Alega que información ya era pública
De acuerdo con Zúñiga, la sanción se basa en conversaciones privadas relacionadas con hechos que ya habían sido divulgados previamente por medios de comunicación o mediante vocerías institucionales.
“Lo que se sanciona, en esencia, es haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya habían sido comunicados públicamente”, expresó.
También rechazó la forma en que el caso ha sido presentado ante la opinión pública y aseguró que acudirá a la vía contencioso-administrativa para impugnar la decisión.
“Existe una finalidad muy clara de debilitar la policía judicial”
En la parte final de su pronunciamiento, Zúñiga reiteró su respeto al personal del OIJ y aseguró que la institución debe mantenerse independiente y protegida de presiones externas.
“La institucionalidad democrática exige que las decisiones se adopten con base en prueba, legalidad y debido proceso, no por presión mediática ni por conveniencia coyuntural”, manifestó.
Además, concluyó afirmando que existe “una finalidad muy clara de debilitar la policía judicial y llevárselo al Ejecutivo”.
