EscucharLa ilusión de encontrar trabajo digno y bien remunerado llevó a una mujer a trasladarse a vivir a la Gran Área Metropolitana. Al llegar, terminó sufriendo explotación laboral, violencia y abuso de poder en San Joaquín de Flores, Heredia.
Estos hechos fueron investigados por la Policía Profesional de Migración.
Los sospechosos fueron detenidos. Se trata de un costarricense de apellidos Segura Pérez y de una mujer hondureña de apellidos López Pacheco, quienes habrían cometido el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en perjuicio de la mujer.
“Según las diligencias realizadas por la Gestión de Investigación de la Policía Profesional de Migración, los sospechosos habrían captado a la víctima mediante engaños y falsas promesas, ofreciéndole un trabajo digno y bien remunerado”, informaron en la Policía de Migración.
La promesa terminó en explotación
De acuerdo con la investigación, una vez en ese lugar, la mujer habría quedado sometida a una situación de abuso de poder, en la que se le imponían jornadas extenuantes sin recibir remuneración económica.
Además, los sospechosos presuntamente le impedían comunicarse con otras personas y habrían ejercido violencia verbal en su contra.
La investigación también señala que a la mujer se le habría impedido continuar con su educación y formación profesional, mientras permanecía bajo el control de los investigados.
Otro de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que pese a que se encontraba trabajando, presuntamente tampoco contaba con aseguramiento médico.
Incluso, según lo determinado durante las diligencias, a la víctima se le habría cobrado su propia alimentación, pese a que esta constituía una necesidad básica relacionada con las condiciones en las que se encontraba trabajando.
Se habrían aprovechado de su vulnerabilidad
La Policía de Migración señaló que los sospechosos se habrían aprovechado de las condiciones de vulnerabilidad social, familiar y económica de la mujer, que es indígena.
La situación investigada habría afectado derechos fundamentales de la víctima, entre ellos su seguridad personal y su integridad física, psíquica y moral, así como su derecho a un nivel de vida adecuado y a la salud.
